Sentencia N° 2830 Político-Administrativa TSJ 2001: Oscar Romero Acevedo vs Corte Primera de lo Contencioso…

La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre la competencia para conocer de una acción de amparo constitucional interpuesta por Oscar Romero Acevedo contra una sentencia de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo. La Sala determinó que no tenía competencia para conocer el caso, ya que la competencia corresponde a la Sala Constitucional, según lo establecido en la Constitución y en sentencias anteriores.

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece en la norma prevista en el artículo 262, la creación del Tribunal Supremo de Justicia y de las Salas que lo integran. Además, otorga en forma expresa, competencias a sus distintas Salas y deja a cargo de la respectiva ley orgánica -la cual deberá ser aprobada por la Asamblea Nacional-, la distribución de otras competencias no atribuidas expresamente. A los fines de mantener el funcionamiento integral del Estado, debe este Supremo Tribunal continuar en su labor como máximo administrador de justicia. Por tanto, aun cuando no haya sido dictada hasta el presente la aludida ley orgánica, reguladora de las funciones de este Supremo Tribunal, sus Salas están obligadas a conocer y decidir todos aquellos casos que cursaban por ante la entonces Corte Suprema de Justicia, así como aquellos que ingresen, atendiendo a la afinidad existente entre la materia debatida en el caso concreto y la especialidad de cada una de las Salas, tal como se dejó establecido en decisión de esta Sala de fecha 17 de enero de 2000 (Caso: José Ramírez Córdoba). En este sentido, la vigente Constitución establece en su artículo 266, que la jurisdicción constitucional será ejercida por la Sala Constitucional y, por tanto, a ella corresponde no solamente la interpretación del Texto Fundamental, sino la fijación de criterios uniformes que permitan la orientación de las instituciones y procedimientos afines con la materia cuyo conocimiento le ha sido atribuido.

1) Que no tiene COMPETENCIA para conocer de la acción de amparo constitucional interpuesta por el abogado Oscar Romero Acevedo actuando en su propio nombre, contra sentencia dictada por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo en fecha 19 de diciembre de 2000, por medio de la cual se declaró sin lugar el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto por el abogado Humberto Mendoza D’Paola actuando en su carácter de apoderado judicial del accionante ya identificado, contra el acto administrativo contenido en la resolución Nº 3.061, dictada por el CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES el 8 de diciembre de 1993. 2) Que la COMPETENCIA para conocer de la acción de amparo constitucional, está atribuida a la SALA CONSTITUCIONAL de este TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA, en consecuencia, se ordena remitir el expediente a la Sala competente antes indicada.