Sentencia N° 2819 Político-Administrativa TSJ 2001: C.A. Seguros Orinoco vs ESTADO MONAGAS y al INSTITUTO DE VIALIDAD Y…

La Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre la apelación interpuesta por C.A. Seguros Orinoco contra un auto que declaró la incompetencia de la Sala para conocer del caso. La demanda se refería a la reclamación de indemnización por daños y perjuicios derivados de la inactividad administrativa del Estado Monagas y del Instituto de Vialidad y Transporte del Estado Monagas, en relación con el mantenimiento de un aeropuerto. La Sala concluyó que la competencia para conocer del caso correspondía a los tribunales de la jurisdicción ordinaria, específicamente a los Tribunales de Primera Instancia en lo Civil.

La Sala, en la oportunidad de pronunciarse en torno a la apelación interpuesta, advierte que la representación de la demandante alega que desde la entrada en vigencia de la nueva Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, causas como la presente, esto es, el reclamo de indemnización por daños y perjuicios derivados de la actividad administrativa extracontractual de los Estados o de los Institutos Autónomos de los Estados en la prestación de un servicio público, han dejado de ser materia de competencia de la jurisdicción ordinaria, atribuida ahora a la jurisdicción contencioso administrativa, ello en virtud del dispositivo contenido en el artículo 259 de la Carta Magna, lo cual implica, en su opinión, que no le es aplicable el ordinal 1º del artículo 183 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia. Ahora bien, el invocado artículo 259 de la vigente Constitución, sólo se diferencia de la redacción del artículo 206 de la derogada Constitución de 1961, norma que establecía la esfera de materias atribuidas al conocimiento de la jurisdicción contencioso administrativa, en que indica expresamente que dicha jurisdicción conocerá de reclamos por la prestación de servicios públicos. En criterio de la Sala, tal modificación sólo pretende poner de relieve uno de los supuestos de responsabilidad de la Administración, ya implícitamente comprendido dentro del ámbito de la jurisdicción contencioso administrativa en el anterior Texto Fundamental; de lo cual puede concluirse, que estamos en presencia de normas de similar contenido, ya que en verdad no se aporta un nuevo y distinto supuesto de hecho. Así, la entrada en vigencia de la nueva Constitución no altera la distribución competencial de la jurisdicción contencioso administrativa prevista en la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, en lo que respecta a las acciones que se propongan en contra de las entidades político territoriales regionales, esto es, los Estados y los Municipios, siendo aplicable entonces al presente caso, el ordinal 1º del artículo 183 eiusdem, que establece la competencia de los tribunales de la jurisdicción ordinaria para conocer de las mismas, en primera instancia.

1.- SIN LUGAR la apelación interpuesta por la demandante, contra el auto del Juzgado de Sustanciación de fecha 23 de noviembre de 2000, y en consecuencia se confirma dicho fallo. 2.- DECLINA LA COMPETENCIA para conocer y decidir el presente caso en un Juzgado de Primera Instancia en lo Civil de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas. Publíquese y regístrese. Remítanse los autos junto con oficio al Tribunal Distribuidor de Primera Instancia en lo Civil de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas. Cúmplase lo ordenado.