Sentencia N° 2785 Político-Administrativa TSJ 2001: Procuraduría General de la República vs Corporación Venezolana de Guayana

La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia decide sobre la solicitud de reposición de la causa presentada por la Procuraduría General de la República, relacionada con una sentencia dictada el 26 de mayo de 1999. Se argumenta que la falta de notificación al Procurador General de la República sobre dicha sentencia afecta los intereses patrimoniales de la República. La Sala concluye que es necesario notificar al Procurador y anula todas las actuaciones realizadas después de la sentencia de 1999.

Corresponde a esta Sala decidir la solicitud de reposición de la causa presentada por la Procuraduría General de la República al estado de que se notifique al Procurador General de la República de la sentencia dictada en fecha 26 de mayo de 1999 y de consiguiente, se anulen las actuaciones practicadas con posterioridad. Frente a dicha petición, tal y como fuere narrado supra, la representación de la parte actora se opuso alegando que el ente gubernamental reconoce que fue notificado de la demanda incoada contra la Corporación Venezolana de Guayana, pudiendo intervenir a partir de ese momento como tercero interviniente. En tal sentido, se observa, que en sentencia dictada en fecha 3 de julio de 2001 (Caso: Freddy Antonio Perdomo vs. Banco Central de Venezuela), esta Sala tuvo ocasión de efectuar un análisis de la norma prevista en el artículo 38 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, ello, a la luz de las disposiciones contenidas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y en tal sentido se asentó que: “El artículo 38 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, objeto de la interpretación que hiciera la Sala Constitucional en la decisión citada, e invocado como sustento de la petición formulada a esta Sala por la Procuraduría General de la República, prevé lo siguiente: Artículo 38.- Los funcionarios judiciales están obligados a notificar al Procurador General de la República de toda demanda, oposición, excepción, providencia, sentencia o solicitud de cualquier naturaleza que, directa o indirectamente, obre contra los intereses patrimoniales de la República. Dichas notificaciones se harán por oficio y deberán ser acompañadas de copia certificada de todo lo que sea conducente para formar criterio acerca del asunto. El Procurador General de la República deberá contestarlas en un término de noventa (90) días, vencido el cual se tendrá por notificado. En los juicios en que la República sea parte, los funcionarios judiciales están igualmente obligados a notificar al Procurador General de la República de la apertura de todo término para el ejercicio de algún recurso, de la fijación de oportunidad para la realización de algún acto y de toda actuación que se practique. En estos casos, las notificaciones podrán efectuarse en una cualquiera de las personas que ejerzan la representación de la República en el referido asunto. Vencido un plazo de ocho hábiles, se tendrá por notificada la República. En las notificaciones a que se refiere el primer aparte de este artículo, para los asuntos que cursen ante la Corte Suprema de Justicia, se aplicarán preferentemente las normas que establezca la Ley respectiva. La falta de notificación será causal de reposición a instancia del Procurador General de la República’. De la transcripción anterior se extrae claramente que el artículo en cuestión distingue dos supuestos distintos. En efecto, el encabezado de la norma alude a aquellos juicios en los cuales la República no es parte formal del proceso y el parágrafo primero hace referencia a los juicios en los que la República es sujeto activo o pasivo de la relación procesal. En el asunto bajo examen se está en presencia de una demanda intentada contra el BANCO CENTRAL DE VENEZUELA, resultando, por tanto, aplicable lo previsto en el encabezado del dispositivo citado, siendo este supuesto el que será examinado en esta decisión.

Por las consideraciones de hecho y de derecho precedentemente expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia en Sala Político-Administrativa administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA PROCEDENTE LA SOLICITUD DE REPOSICION DE LA CAUSA presentada por los abogados Mario Aquino y Ray Barboza, actuando en su carácter de sustitutos del ciudadano Procurador General de la República, al estado de que se notifique al prenombrado funcionario de la sentencia dictada por esta Sala en fecha 26 de mayo de 1999; en consecuencia, se DECLARAN NULOS Y SIN EFECTOS JURÍDICOS todos los actos realizados en el proceso a partir de la fecha en que se dictó el referido fallo. Publíquese, regístrese y comuníquese. Cúmplase lo ordenado.