Sentencia N° 2769 Político-Administrativa TSJ 2001: Alí de Jesús Pulgar vs Concejo Municipal DEL Municipio Lagunillas…

La Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia acepta la competencia declinada por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Occidental, en relación a un recurso de nulidad interpuesto por el ciudadano Alí de Jesús Pulgar contra un acto administrativo del Concejo Municipal del Municipio Lagunillas. La decisión del Juzgado Superior se basó en la nulidad de un contrato de compra-venta de un inmueble ejidal, alegando incumplimiento de las condiciones establecidas en el contrato y la normativa aplicable. La Sala, al analizar la situación, determina que el conocimiento de la causa corresponde a ella, conforme a lo establecido en la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia. Se destaca que los contratos celebrados por las Municipalidades son considerados contratos administrativos, lo que justifica la intervención de la Sala Político Administrativa. Finalmente, se declara la validez del procedimiento seguido hasta la etapa de informes y se ordena la notificación de las partes para continuar con el proceso. La sentencia concluye con la aceptación de la competencia y la orden de remitir copia certificada de la decisión al Juzgado Superior, asegurando el cumplimiento de las formalidades legales.

En el presente caso, se trata de la resolución de un contrato de compra-venta de un inmueble ejidal propiedad del Municipio Lagunillas del Estado Zulia, que fuese vendido a los actores y cuyo negocio posteriormente se anuló por dicho ente en razón del alegado incumplimiento de estos tanto del propio contrato como de la Ordenanza sobre ejidos y terrenos propios del Municipio. Se trata, en efecto, de la nulidad de un contrato administrativo que según lo dispuesto por el artículo 42, numeral 14 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, su conocimiento corresponde al actual Tribunal Supremo de Justicia y en especial, de acuerdo con el artículo 43 eiusdem, a la Sala Político Administrativa por no estar atribuido a las restantes Salas... En este sentido, ha establecido esta Sala que los contratos celebrados por las Municipalidades, mediante los cuales se otorgan a particulares terrenos ejidos, sin importar bajo qué figura jurídica son otorgados (compra-venta, arrendamiento, comodato, etc.), son verdaderos contratos administrativos, toda vez que los mismos poseen las tres características básicas de todo contrato administrativo, a saber: 1.- Una de las partes es un ente público, 2.- el contrato tiene una finalidad de utilidad pública o la prestación de un servicio público, y 3.- como consecuencia de lo anterior, se entiende la presencia de ciertas prerrogativas de la Administración en dichos contratos, consideradas como exorbitantes, aún cuando no se encuentren expresamente plasmadas tales características en el texto del mismo. Por tanto, visto que en el asunto bajo análisis se impugna la resolución de un contrato de compra-venta sobre un terreno de origen ejidal, debe entonces aplicarse la regla atributiva de competencia, contenida en el numeral 14 del artículo 42 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, en concordancia con el artículo 43 eiusdem, según la cual es competencia de esta Sala Político Administrativa conocer de la presente causa, y así se declara.

PRIMERO: ACEPTA LA COMPETENCIA que le fuera declinada por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Occidental, en decisión de fecha 14 de mayo de 2001 y en consecuencia se ordena la notificación de las partes. SEGUNDO: DECLARA la validez del procedimiento seguido en el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Occidental hasta la etapa de informes, y en consecuencia, se ORDENA la designación de Ponente, a los fines de decidir la presente causa, fijándose un término de veinte (20) de despacho para la relación de la causa, de conformidad con lo previsto en el artículo 94 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia. TERCERO: ORDENA remitir con oficio, copia certificada de la presente decisión al Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Occidental. Publíquese, regístrese y comuníquese. Cúmplase lo ordenado.