Sentencia N° 2768 Político-Administrativa TSJ 2001: Elizabeth Barrios vs Presidente de la República — La nulidad del Decreto Nº…

La Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en su sentencia del 15 de noviembre de 2001, acepta la competencia que le fue declinada por la Sala Constitucional en relación al recurso de nulidad interpuesto por la ciudadana Elizabeth Barrios contra el Decreto Nº 304 del 11 de septiembre de 1999. La Sala argumenta que el control legal y constitucional de los actos de rango sub-legal corresponde a la jurisdicción contenciosa administrativa, y por lo tanto, asume el conocimiento del caso. La decisión se fundamenta en la interpretación del artículo 266 de la Constitución, que otorga a esta Sala la facultad de declarar la nulidad de actos administrativos.

Se ha ejercido recurso contencioso administrativo de nulidad contra dos actos administrativos, uno de efectos generales –el Decreto Nº 304 emanado del Presidente de la República, de fecha 11 de septiembre de 1999, publicado en Gaceta Oficial Nº 36.786 del 14 de septiembre de 1999-, y el otro de efectos particulares –la resolución contenida en el oficio Nº 613 de fecha 14 de octubre de 1999, dictada por el Viceministro del Interior y Justicia, actuando por delegación del Ministro, mediante el cual se destituyó a la parte accionante del cargo de Notario Público Noveno del Municipio Libertador del Distrito Federal. Ahora bien, el numeral 5 del artículo 266 de la Constitución, atribuye a la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo: “declarar la nulidad total o parcial de los reglamentos y demás actos administrativos generales o individuales del Ejecutivo Nacional, cuando sea procedente....”. Es así como el control legal y constitucional de los actos de rango sub-legal (entendiendo por tales actos, normativos o no, los dictados en ejecución directa de una ley o en función administrativa), son del conocimiento de la jurisdicción contenciosa administrativa. En consecuencia, al tratarse el presente caso de un recurso ejercido contra actos de rango sub-legal, es forzoso concluir que de conformidad con lo establecido en el artículo 266, numeral 5 de la Constitución y con lo previsto en el numeral 10 del artículo 42 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, en concordancia con el artículo 43 eiusdem, corresponde a esta Sala el conocimiento del presente recurso y así se decide.

Con fundamento en lo anteriormente expuesto, esta Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara: ACEPTA LA COMPETENCIA que le fuera declinada por la Sala Constitucional, mediante decisión de fecha 5 de octubre de 2000. En consecuencia asume el conocimiento y decisión de la acción de nulidad, interpuesta por el abogado Henrique Iribarren, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 14739, actuando en su carácter de apoderado judicial de la ciudadana ELIZABETH BARRIOS, contra el Decreto Nº 304 del 11 de septiembre de 1999, emanado del Presidente de la República (publicado en Gaceta Oficial Nº 36786 del 14 de septiembre de 1999) y contra el acto administrativo de efectos particulares, que se fundamenta en el anterior Decreto, contenido en la resolución Nº 613, emanada del Viceministro del Interior y Justicia, actuando por delegación del Ministro, notificada por Resolución Nº 578 del 14 de octubre de 1999, dictada por el mismo funcionario. Publíquese, regístrese y comuníquese. Remítase el expediente al Juzgado de Sustanciación para que decida acerca de la admisibilidad de la demanda, excepto lo referente a la competencia, y si ello resultare procedente, sustancie el juicio por los trámites procesales pertinentes. Cúmplase lo ordenado.