Sentencia N° 2767 Político-Administrativa TSJ 2001: Hortencia Padrón vs Comisión de Funcionamiento y Reestructuración…

La abogada Hortencia Padrón interpuso un recurso de nulidad y acción de amparo contra la destitución de su cargo como Juez Cuadragésimo Séptimo de Primera Instancia en lo Penal. La Sala Político-Administrativa admitió el recurso de nulidad, considerando que no incurre en causales de inadmisibilidad, pero declaró sin lugar la acción de amparo cautelar, argumentando que no se violó el derecho a la defensa de la recurrente. Se ordenó la remisión del expediente al Juzgado de Sustanciación para continuar con el procedimiento correspondiente.

La parte actora alega que en fecha 22 de febrero de 2001, fue notificada de la sanción de destitución del cargo que venía ejerciendo de Juez Cuadragésimo Séptimo de Primera Instancia en lo Penal en funciones de Control del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, que le impuso la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial, al considerar que violó el principio del debido proceso de los ciudadanos Enrique Capriles Randonsky, Diego García Urquiola y Oswaldo Acosta Ganier, al no haberlos notificado de la decisión dictada en fecha 15 de agosto de 2000, en virtud de la cual dichos ciudadanos fueron condenados al pago de las costas procesales. Por lo que respecta al recurso de nulidad, denuncia los siguientes vicios: en primer lugar, el referido al falso supuesto, al considerar que no se demostró que actuara violando los principios de imparcialidad o independencia, ni haber incurrido en conducta inmoral o en evidente desconocimiento del derecho y; en segundo término, el vicio de incompetencia, por cuanto, según dice, la esfera de poderes en materia disciplinaria asignada a la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial no le otorga competencia legal expresa para el análisis de los actos y decisiones jurisdiccionales. En relación a la acción de amparo cautelar, indica que se le violaron los derechos a la defensa y al debido proceso. En este sentido, alega que en su escrito presentado en fecha 31 de octubre de 2000, ante la Inspectoría de Tribunales esgrimió una serie de argumentos, que no fueron tomados en cuenta por la decisión recurrida, tales como: que en su opinión no procedía la notificación de los afectados por la condenatorias en costas, por no ostentar éstos la cualidad de partes en el proceso; que el derecho a recurrir de la condenatoria en costas impuesta a un denunciante malicioso, es un pronunciamiento que, dentro del marco del proceso penal que lo originó, no tiene establecido recurso de apelación, por lo que resultaba inoficiosa la notificación al denunciante malicioso condenado en costas, quien no tiene cualidad de parte y por ende, carece de legitimación necesaria para recurrir de tal pronunciamiento; que no podía haberse violado el principio de equilibrio procesal en ese caso, que se verifica entre quienes ostenten la cualidad de partes; que debía tenerse en cuenta que había denunciado la presunta comisión del delito previsto en el artículo 80 de la Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público y que dentro del marco del proceso penal que había de iniciar el Ministerio Público con motivo de su denuncia, era donde los condenados en costas tendrían la oportunidad de ejercer sus derechos y defensas para demostrar si habían obrado o no falsa o maliciosamente al interponer la denuncia; y finalmente que ningún derecho fundamental había sido cercenado a los condenados en costas.

1.- SE ADMITE el recurso contencioso-administrativo de nulidad ejercido por la abogada HORTENCIA PADRÓN, asistida por el abogado Ricardo Rodríguez González, contra el acto administrativo de efectos particulares emanado de la COMISIÓN DE FUNCIONAMIENTO Y REESTRUCTURACIÓN DEL SISTEMA JUDICIAL, de fecha 30 de enero de 2001, por el cual se le destituyó “... del cargo de Juez Cuadragésimo Séptimo de Primera Instancia en lo Penal en funciones de Control del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.”, quedando a salvo el pronunciamiento con relación a la caducidad de la acción y al agotamiento previo de la vía administrativa, de conformidad con lo previsto en el parágrafo único del artículo 5 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales. 2.- SIN LUGAR la acción de amparo cautelar propuesta. En consecuencia, se ordena la remisión del presente expediente contentivo del recurso de nulidad al Juzgado de Sustanciación, a fin de que, previa revisión de las causales relativas a la caducidad de la acción y al agotamiento previo de la vía administrativa, se proceda a la notificación del Procurador General de la República, del Fiscal General de la República y del Presidente de la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial; se ordene la emisión del cartel, si lo estima procedente y se continúe la sustanciación del caso.