Sentencia N° 2766 Político-Administrativa TSJ 2001: Luisa María Prado vs CORPOVEN, S.A y EUGENIO GONZÁLEZ

La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre la declinatoria de competencia en un caso de daños y perjuicios derivados de un accidente de tránsito. La demanda fue interpuesta por Luisa María Prado contra CORPOVEN, S.A. y Eugenio González, por una cuantía que excede los cinco millones de bolívares, lo que generó la competencia de la Sala. Sin embargo, se determinó que la controversia debía ser conocida por los tribunales competentes en materia de tránsito, por lo que la Sala no aceptó la competencia.

La norma arriba transcrita establece un régimen especial de competencia a favor de la Sala Político Administrativa, en todas aquellas acciones intentadas, que cumplan con las tres condiciones contempladas en la misma, a saber: 1) Que se demande a la República, a algún Instituto Autónomo o empresa en la cual el Estado tenga participación decisiva; 2) Que la acción incoada tenga una cuantía superior a cinco millones de bolívares (Bs. 5.000.000,oo); y 3) Que el conocimiento de la causa no esté atribuido a ninguna otra autoridad, entendiendo con ello, que la norma bajo análisis constituye una derogatoria de la jurisdicción civil y mercantil, que es la jurisdicción ordinaria, pero no de las otras jurisdicciones especiales, tales como la Laboral, del Tránsito o Agraria. Debe la Sala entonces, analizar si la acción incoada cumple o no con las condiciones antes descritas, y en tal sentido observa: En primer término, uno de los codemandados es la sociedad mercantil CORPOVEN, S.A., hoy PDVSA PETROLEO Y GAS, S.A. en virtud de modificación estatutaria, la cual es una empresa filial de PETROLEOS DE VENEZUELA S.A. (P.D.V.S.A.), por lo cual al tener el Estado venezolano participación decisiva en esta última, se considera satisfecho el primer requisito arriba señalado. En segundo término, los daños y perjuicios demandados se estimaron en la cantidad de CINCUENTA Y CUATRO MILLONES DE BOLÍVARES (Bs. 54.000.000,00), por lo que evidentemente excede del mínimo exigido establecido por la norma. En cuanto al tercer requisito señalado en la norma, referente a la autoridad que tenga legalmente atribuido el conocimiento del caso, observa esta Sala que en la presente causa la controversia se circunscribe al reclamo de daños derivados de accidente de tránsito. En virtud de que en esta materia deben considerarse de preferente aplicación las previsiones de la Ley de Tránsito Terrestre por tratarse, como ya se ha dicho, de una jurisdicción especial, su conocimiento corresponde necesariamente a los tribunales competentes en materia de tránsito.

NO ACEPTA la competencia que le fuera declinada por el tribunal remitente a los fines de conocer el caso planteado. En consecuencia, se ordena remitir la presente causa al Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario, Tránsito y Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, por ser el competente y a objeto de que la causa continúe su curso de Ley; para lo cual estima esta Sala necesario la notificación del Procurador General de la República. Publíquese, regístrese y comuníquese. Cúmplase lo ordenado.