Sentencia N° 2734 Político-Administrativa TSJ 2001: Carmen Violeta Roman Hidalgo vs COORDINACIÓN DE PRESCRIPCIONES ÁREA DE…

La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia decidió sobre la apelación interpuesta por Carmen Violeta Román Hidalgo en relación a la improcedencia del amparo tributario solicitado contra la administración tributaria. La demandante alegó la falta de respuesta a su solicitud de prescripción de obligaciones tributarias, argumentando que la administración había incurrido en demoras injustificadas. Sin embargo, la Sala determinó que la demora estaba justificada debido a la necesidad de investigar posibles irregularidades en la documentación presentada por la demandante. La Sala enfatizó que la competencia para conocer de la apelación correspondía a la Sala Político-Administrativa y que, aunque la administración había incurrido en demoras, estas eran justificadas por el interés público y la necesidad de esclarecer la situación legal de la demandante. En consecuencia, se declaró sin lugar la apelación, confirmando la decisión del tribunal inferior que había declarado improcedente el amparo solicitado. Finalmente, la Sala instó a la administración tributaria a emitir una respuesta a la solicitud de la demandante a la mayor brevedad, garantizando así el derecho constitucional de obtener una respuesta oportuna.

Previa a cualquier otra consideración, debe la Sala pronunciarse sobre su competencia para conocer de la presente apelación y a tal efecto observa lo sentado por la Sala Constitucional en decisión de fecha 30 de junio de 2000: '(...) De manera que para determinar la competencia en materia de amparo tributario debe necesariamente esta Sala atender a lo dispuesto en el artículo 220 del Código Orgánico Tributario (hoy artículo 329 del vigente Código Orgánico Tributario), que es del tenor siguiente: 'Artículo 220: Son competentes para conocer en Primera Instancia de los procedimientos establecidos en este Código, los Tribunales Superiores de lo Contencioso Tributario, los cuales los sustanciarán y decidirán con arreglo a las normas de este Código inclusive los que en materia tributaria se originen en reparos de la Contraloría General de la República. De las decisiones dictadas por dichos Tribunales podrá apelarse dentro de los términos previstos en este Código. Para ante la Corte Suprema de Justicia'. En la disposición antes transcrita aparece claramente cuáles tribunales son competentes para conocer y decidir en primera instancia el amparo tributario, mas no así la Sala de la entonces Corte Suprema de Justicia competente para conocer en alzada de dicho amparo. Bajo la vigencia de la Constitución de 1961 debía entenderse que esta competencia en segunda instancia correspondía a la Sala Político-Administrativa de la Corte Suprema de Justicia, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 206 de dicho Texto Fundamental en concordancia con el artículo 42, numeral 18 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, por tratarse del control contencioso sobre la omisión de actuación de la Administración (Tributaria) que afecta la esfera jurídica de un particular y que se verifica en el campo del Derecho Público; control éste que se ejerce en sus determinadas instancias únicamente por la jurisdicción contencioso administrativa. Hoy en día, si atendemos al contenido expreso del artículo 336 de la Constitución promulgada en 1999 que prevé las atribuciones de la Sala Constitucional, y específicamente a la interpretación que esta Sala ha efectuado del numeral 10 de dicha disposición, debemos concluir que a esta Sala no le ha sido atribuido el conocimiento de las apelaciones que se ejerzan contra las decisiones dictadas por los Tribunales Superiores Contencioso Tributario en los amparos tributarios ejercidos conforme a los artículos 215 y siguientes del Código Orgánico Tributario. En virtud de lo anterior y vista la competencia que corresponde a la jurisdicción contencioso-administrativa conforme al artículo 259 del vigente Texto Fundamental, estima esta Sala que la competencia para conocer en alzada de los amparos tributarios en virtud de la materia debatida, corresponde a la Sala Político-Administrativa, como la máxima instancia dentro de la jurisdicción contencioso-administrativa, y así se decide. (...)

Por las razones expuestas, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR la apelación interpuesta por la ciudadana CARMEN VIOLETA ROMAN HIDALGO, contra la decisión del Tribunal Superior Quinto de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, de fecha 07 de septiembre de 2001. En consecuencia de lo expuesto se confirma la decisión apelada. Se exime a la parte perdidosa de la condenatoria en costas, de conformidad con lo establecido en el parágrafo único del artículo 327 del vigente Código Orgánico Tributario, pues a juicio de esta Sala, tuvo motivos racionales para litigar. Publíquese, regístrese y comuníquese. Remítase el presente expediente al a quo. Cúmplase lo ordenado.