Sentencia N° 2713 Político-Administrativa TSJ 2001: FRANCISCO DA SILVA RODRIGUES y TERESA MARIA… vs SAMUEL LEVY DUER y PATRICIA…

La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre la solicitud de levantamiento de la medida cautelar de prohibición de enajenar y gravar. Se determinó que el juez de origen carecía de competencia para decretar dicha medida, lo que llevó a la revocación de la misma. La Sala concluyó que la solicitud de medida cautelar era improcedente, ya que los demandantes no presentaron pruebas suficientes que justificaran la existencia de riesgo en la ejecución de la sentencia definitiva.

Corresponde a la Sala pronunciarse sobre la solicitud de levantamiento de la medida cautelar de prohibición de enajenar y gravar, y a tal efecto observa: 1.- En materia cautelar, el juez -incluido el de la jurisdicción contencioso administrativa- tiene legalmente atribuida la facultad para decretar las medidas preventivas que se requieran en cada caso concreto, a fin de asegurar las resultas del juicio. Así, en atención a lo previsto en el artículo 588 del Código de Procedimiento Civil, en el ejercicio de este poder cautelar general, el juzgador “...puede decretar, en cualquier estado y grado de la causa, las siguientes medidas: 1º El embargo de bienes muebles 2º El secuestro de bienes determinados 3º La prohibición de enajenar y gravar bienes inmuebles ...omissis” (destacado de la Sala). Esta facultad otorgada al juez, aparentemente discrecional, se encuentra circunscrita a la verificación de los extremos señalados en los artículos 585 y 588 del Código de Procedimiento Civil: la presunción grave de violación del derecho que se reclama (fumus boni iuris) y el riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución de la sentencia definitiva (periculum in mora), debiendo el peticionario de la medida acompañar medios probatorios de los que pueda derivarse la presunción grave de esta circunstancia. Ahora bien, de las actuaciones que conforman el presente expediente, esta Sala pudo constatar que efectuada la solicitud en cuestión, el a quo declaró su procedencia en fecha 13 de julio de 1998, limitándose a señalar que “se encuentran llenos los extremos de ley”, sin hacer el análisis al cual se hizo referencia y que por ley estaba obligado a efectuar para determinar tal procedencia; de igual forma, se pudo verificar que el 29 de septiembre de 1998, ese juzgado se pronunció declinando en la Sala Político Administrativa de este Supremo Tribunal la competencia para conocer de la controversia, la cual fue aceptada por la Sala en decisión del 21 de marzo de 2000.

Por los razonamientos antes expuestos, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley: - REVOCA de conformidad con lo establecido en el artículo 206 del Código de Procedimiento Civil, la medida cautelar acordada por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas, mediante auto de fecha 29 de septiembre de 1998, sobre el bien inmueble a que se refiere el presente cuaderno de medidas, objeto del retracto arrendaticio que configura la pretensión de los demandantes. Dicho inmueble está constituido por una casa quinta con su correspondiente terreno situada en la Urbanización La Castellana, jurisdicción del Municipio Chacao del Estado Miranda, con frente hacia la Avenida Blandín de esa Urbanización, correspondiendo el terreno sobre el cual está construida a la parcela marcada con el número ocho (8) de la letra jota (j) en el plano de la Urbanización La Castellana, con una superficie aproximada de seiscientos metros cuadrados (600 mts2) y está comprendida dentro de los siguientes linderos y medidas: Norte: En quince metros (15 mts.) callejón en medio en un metro (1 m.) de ancho propiedad del Banco Barinas C.A., con terrenos que son o fueron del ciudadano Marcos Rodríguez Santana; Sur: En quince metros (15 mts.), la Avenida Blandín; Este: En cuarenta metros (40 mts.) con la parcela No. 7 de la misma urbanización; y Oeste: en cuarenta metros (40 mts.) con la parcela No. 9. - Declara IMPROCEDENTE la medida cautelar de prohibición de enajenar y gravar, solicitada inicialmente por los accionantes sobre el bien antes descrito. Publíquese, regístrese y comuníquese. Devuélvase el expediente al Juzgado de Sustanciación para que continúe su curso de ley. Ofíciese a la Oficina Subalterna de Registro Público del Municipio Chacao del Estado Miranda, acompañando copia certificada de la presente decisión, a fin de que deje constancia en los libros respectivos del levantamiento de la medida preventiva a que se refiere esta sentencia. Cúmplase lo ordenado.