La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia decidió en el caso del recurso de nulidad interpuesto por Eduardo Benjamín Pérez Rivas contra la decisión de la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial, que lo destituyó de su cargo como Juez Provisorio. La Sala examinó los alegatos del recurrente, que incluían la inmotivación del acto administrativo y la violación de derechos al debido proceso y a la defensa, concluyendo que no se configuraban los vicios alegados. La Sala determinó que el juez había incurrido en faltas disciplinarias al no inhibirse en causas donde existían vínculos de interés con las partes.
Extracto de la motiva
La Sala ha interpretado que el vicio de falso supuesto se constituye cuando la Administración sustenta su decisión en hechos falsos o que fueron erróneamente apreciados al momento de dictar el respectivo acto. En el presente caso, de la simple lectura del acto recurrido se evidencia que la Administración examinó cada uno de los recaudos que conforman el expediente disciplinario, relativos a la conducta imputada al recurrente y que de todos los elementos recogidos en el mismo, condujeron al órgano sancionador a la convicción de que los hechos denunciados constituían faltas disciplinarias que debían ser sancionadas con la destitución. En tal sentido, de las actas procesales la Comisión evidenció lo siguiente: Que en fecha 25 de octubre de 2000, los ciudadanos María Aguilina Guerrero, Arturo Antolinez, Sonia Margarita Urrea de Pabón y Rodrigo Humberto Romero García, presentaron denuncia ante la Inspectoría General de Tribunales en contra del Juez Provisorio del Juzgado de los Municipios Jáuregui, Antonio Rómulo Costa, Seboruco, José María Vargas y Francisco de Miranda de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, por las siguientes irregularidades: Desde hace aproximadamente 8 años, los campesinos habitantes de la población de La Grita y sus alrededores, informan que han sido víctimas de la actividad financiera y comercial ilícita que ha venido desplegando la ciudadana Betzy Yaneth Díaz Montoya, abogada y presidenta de la empresa denominada INVERSIONES SOINDECA C.A. Esta compañía ha ejecutado prácticas de banca paralela mediante la figura del préstamo de dinero a interés, las cuales se encuentran al margen de la ley…Resulta claro, que las personas se ven imposibilitadas de cumplir tales compromisos, por lo cual finalmente dicha empresa, procede a intentar las respectivas acciones judiciales, las cuales conllevan forzosamente a la ejecución o embargo de los diferentes bienes muebles e inmuebles dados en garantía… Para lograr su cometido, a decir de los denunciantes, INVERSIONES SOINDECA, C.A. se vale de irrestricta colaboración del ciudadano Eduardo Benjamín Pérez Rivas, quien se desempeña como Juez del Municipio Jáuregui de esa jurisdicción; al tiempo de ostentar la magistratura de ese Tribunal, es a la vez endosatario en procuración a favor de la referida empresa, lo que resulta claro, facilita los trámites y procesos judiciales en los cuales es parte INVERSIONES SOINDECA C.,A.
Dispositiva
Por las razones expuestas, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR el recurso de nulidad interpuesto por el ciudadano EDUARDO BENJAMÍN PÉREZ RIVAS, contra la decisión de fecha 1º de octubre de 2002, dictada por la COMISIÓN DE FUNCIONAMIENTO Y REESTRUCTURACIÓN DEL SISTEMA JUDICIAL. Publíquese, regístrese y comuníquese. Archívese el expediente. Devuélvase el expediente administrativo.