Sentencia N° 269 — Sala Político Administrativa del TSJ, 14 de febrero de 2002

La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre la regulación de competencia planteada por la parte demandada en un caso laboral. La controversia surgió debido a la declaración de competencia del Juzgado Tercero de Primera Instancia del Trabajo de Caracas, que fue impugnada por la parte demandada, argumentando que los demandantes estaban domiciliados en el Estado Miranda. La Sala determinó que, dado que no existía un Tribunal Superior común entre las jurisdicciones, correspondía a este Alto Tribunal decidir sobre la regulación de competencia.

Disponen los artículos 349 y 71 del Código de Procedimiento Civil, lo que se transcribe de seguidas: “Artículo 349.- Alegadas las cuestiones previas a que se refiere el ordinal 1° del artículo 346, el Juez decidirá sobre las mismas en el quinto día siguiente al vencimiento del lapso del emplazamiento, ateniéndose únicamente a lo que resulte de los autos y de los documentos presentados por las partes. La decisión sólo será impugnable mediante la solicitud de regulación de la jurisdicción o de la competencia, conforme a las disposiciones de la Sección Sexta del Título I del Libro Primero.” “Artículo 71.- La solicitud de regulación de competencia se propondrá ante el juez que se haya pronunciado sobre la competencia, aún en los casos de los artículos 51 y 61, expresándose las razones o fundamentos que se alegan. El Juez remitirá inmediatamente copia de la solicitud al Tribunal Superior de la Circunscripción para que decida la regulación. En los casos del artículo 70, dicha copia se remitirá a la Corte Suprema de Justicia si no hubiere Tribunal Superior común a ambos jueces en la Circunscripción. De la misma manera procederá cuando la incompetencia sea declarada por un Tribunal Superior.

Por las razones antes expuestas, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia, en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLINA en la Sala Social de este Supremo Tribunal la competencia para resolver el recurso de regulación de competencia propuesto y en consecuencia ordena la remisión del expediente a la mencionada Sala.