Sentencia N° 269 Político-Administrativa TSJ 2000: Henry Antonio Jaspe Garces vs Ivan Dario Badell — Declinación de competencia…

La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia decide declinar su competencia para conocer de la acción de amparo interpuesta por el abogado Henry Antonio Jaspe Garces contra la Resolución No. 149 de la Fiscalía General de la República. Esta decisión se fundamenta en la interpretación de las competencias de las Salas del Tribunal Supremo, a raíz de la entrada en vigencia de la nueva Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que establece un nuevo marco jurídico y la necesidad de que las Salas continúen conociendo los casos que cursaban ante la extinta Corte Suprema de Justicia. La Sala considera que, aunque no se ha promulgado la ley orgánica que regule las funciones del Tribunal, es necesario mantener el funcionamiento integral del Estado y atender los casos que ingresen, de acuerdo a la afinidad de la materia. En este sentido, se hace referencia a una sentencia anterior de la Sala Constitucional que establece criterios sobre la competencia en materia de amparo, lo que lleva a la Sala Político-Administrativa a remitir el caso a la Sala Constitucional para su conocimiento. Finalmente, se ordena la publicación, registro y notificación de la decisión, que se firma en Caracas el 24 de febrero de 2000.

Correspondería a esta Sala pronunciarse acerca del recurso interpuesto, sin embargo, vistas las actuaciones y cambios producidos en el sistema jurídico positivo venezolano, con motivo de la entrada en vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, aprobada por referéndum de fecha 15 de diciembre de 1999 y publicada en Gaceta Oficial N° 36.860 del 30 de diciembre de 1999, se observa lo siguiente: El artículo 262 de la referida Carta Magna dispone que el Tribunal Supremo de Justicia funcionará en Sala Plena y en Sala Constitucional, Político-Administrativa, Electoral, de Casación Civil, de Casación Penal y de Casación Social, cuyas competencias son las determinadas en esta Constitución y en la Ley Orgánica respectiva, por tanto, se estima que, mientras se promulga la aludida ley, las distintas Salas de este Tribunal Supremo deben conocer de la causas que cursaban por ante la extinta Corte Suprema de Justicia, así como de aquellas que ingresen a este órgano jurisdiccional, atendiendo al criterio de la afinidad que exista con el asunto debatido en cada uno de los casos en concreto y la especialidad de cada una de las Salas. Asimismo, la vigente Constitución otorga, en forma expresa, ciertas competencias a sus distintas Salas y deja a cargo de la respectiva ley orgánica, la cual deberá ser aprobada por la Asamblea Nacional dentro del primer año contado a partir de su instalación, la distribución de otras no atribuidas expresamente. Ahora bien, a los fines de mantener el funcionamiento integral del Estado, debe este Supremo Tribunal continuar en su labor como máximo administrador de justicia. Por tanto, aún cuando no haya sido dictada hasta el presente la aludida ley orgánica, reguladora de las funciones de este alto Tribunal, sus Salas están obligadas a conocer y decidir todos aquellos casos que cursaban por ante la extinta Corte Suprema de Justicia, así como aquellos que ingresen, atendiendo a la afinidad existente entre la materia debatida en el caso concreto y la especialidad de cada una de las Salas. En este sentido, la Sala Constitucional de este Supremo Tribunal, en sentencia de fecha 20 de enero de 2000, caso EMERY MATA MILLAN, consideró conveniente interpretar sus competencias en materia de amparo y, en consecuencia, reinterpretar la competencia en materia de amparo constitucional atribuida por la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. Al respecto, a mencionada sentencia estableció lo siguiente: “(...) corresponde a la Sala Constitucional (...) el conocimiento directo, en única instancia de las acciones de amparo a que se refiere el artículo 8 de la Ley orgánica e Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, incoadas contra los altos funcionarios a que se refiere dicho artículo, así como contra los funcionarios que actúen por delegación de las atribuciones de los anteriores (...)”

Por las razones antes expuestas, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLINA en la Sala Constitucional de este Supremo Tribunal, la competencia para conocer de la acción de amparo con medida cautelar innominada interpuesto por el abogado HENRY ANTONIO JASPE GARCES, contra la Resolución No. 149 de fecha 14 de mayo de 1999, emanado de la Fiscalía General de la República, suscrita por el ciudadano IVAN DARIO BADELL. Publíquese, regístrese y notifíquese. Cúmplase lo ordenado.