Sentencia N° 2674 Político-Administrativa TSJ 2001: Luisa Elena Riani Armas vs Consejo de la Judicatura — Recurso…

La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia decidió sobre el recurso contencioso-administrativo de nulidad interpuesto por Luisa Elena Riani Armas contra la decisión del Tribunal Disciplinario del extinto Consejo de la Judicatura, que ordenó su destitución. La recurrente alegó transgresiones a la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos y errores en la interpretación de la Ley de Carrera Judicial. La Sala desestimó los argumentos de la recurrente, concluyendo que la sanción impuesta era ajustada a derecho debido a la gravedad de la conducta de la juez, que comprometía la dignidad de su cargo.

Hechas las anteriores consideraciones, pasa esta Sala a decidir el recurso contencioso-administrativo de nulidad ejercido, con base en los elementos probatorios existentes en el expediente administrativo del caso. En tal sentido, se observa: 1.- La recurrente aduce la transgresión de los artículos 9 y 18, numeral 5 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, al no haber efectuado el órgano disciplinario un análisis exhaustivo de los alegatos y pruebas llevadas a juicio, limitándose únicamente, según sostiene, a señalar que ella se habría negado a recibir del Cuerpo Técnico de Policía Judicial de Valle de la Pascua, expedientes sin detenidos. Los mencionados artículos de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, aluden de modo específico, a la motivación de los actos administrativos de efectos particulares. En concreto, el artículo 18 establece, entre los requisitos formales del acto administrativo, la necesidad de su motivación, entendida ésta como la obligación legal que tiene el autor del acto administrativo de expresar de manera sucinta los hechos y el derecho que dieron lugar a la emisión del acto, con el objeto de permitir al administrado conocer los motivos en los cuales se ha basado la Administración, y a partir de ello evaluar la posibilidad de ejercer los recursos que tenga a su alcance para rebatir la actuación administrativa. Dicho lo anterior y examinado el expediente administrativo, esta Sala aprecia que constan claramente las razones por las cuales el órgano disciplinario consideró pertinente la iniciación de la investigación, así como el examen de los elementos de juicio aportados y la fundamentación jurídica que determinó la sanción impuesta. Cumplida la mencionada tramitación, no puede pretenderse además, que en la motivación se haga una referencia extensa de toda la documentación existente, puesto que resulta suficiente que del texto se desprendan las razones que sustentan la emisión del acto, previa la consideración de los alegatos esgrimidos por el particular; lo contrario sería convertir el acto en una suerte de nuevo expediente administrativo, el cual por su naturaleza sí debe contener todas las circunstancias y precisiones del caso. En definitiva, que el vicio de falta de motivación se produce cuando no es posible conocer cuáles fueron los motivos del acto y sus fundamentos legales. En ese sentido, debe esta Sala desestimar el planteamiento de inmotivación, dado que resulta infundado insistir en este último cuando de las actas se deduce, sin dificultad, que la recurrente logró conocer de manera suficiente los pormenores de su situación. Así se decide.

En virtud de los razonamientos precedentemente expuestos, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley DECLARA: SIN LUGAR el recurso contencioso-administrativo de nulidad ejercido por la ciudadana LUISA ELENA RIANI ARMAS, contra la decisión de fecha 22 de enero de 1999, emanada del Tribunal Disciplinario del extinto CONSEJO DE LA JUDICATURA. En consecuencia, se ordena devolver el expediente administrativo a la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial. Publíquese, regístrese y comuníquese. Archívese el expediente judicial.