Sentencia N° 264 Político-Administrativa TSJ 2001: Flor de María Torres Cáceres vs Dirección de Inquilinato del Ministerio de…

La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre la competencia en un recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto por Flor de María Torres Cáceres contra una resolución de la Dirección de Inquilinato. La Sala determinó que la competencia para conocer del asunto corresponde a los Tribunales Superiores en lo Civil y Contencioso Administrativo, de acuerdo con la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios. En consecuencia, la Sala NO ACEPTA la competencia declinada por el Juzgado Superior Cuarto en lo Civil y Contencioso Administrativo.

Para decidir, la Sala observa: En el presente caso, esta Sala debe pronunciarse sobre la competencia, para lo cual es menester analizar los supuestos que se plantean a la luz de las normas atributivas contempladas en la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios, toda vez que el presente recurso contencioso administrativo de nulidad ha sido ejercido en contra de la Resolución N° 02327 de fecha 3 de agosto de 1990, emanada de la Dirección de Inquilinato del Ministerio de Fomento (hoy Ministerio de Infraestructura), la cual resolvió vista la solicitud de regulación para vivienda, al inmueble denominado Quinta “Beatriz”, perteneciente al “Conjunto Residencial Los Mangos”, situado en el Distrito Sucre del Estado Miranda, declarar exento de regulación para vivienda en su totalidad, de conformidad con pautado en el aparte b) del artículo 2° de la Ley de Regulación de Alquileres, por cuanto el avalúo sobrepasa de los Doscientos Veinticinco Mil Bolívares (Bs. 225.000,00). Debe señalarse que nuestra Ley de Arrendamientos Inmobiliarios (la cual derogó a la Ley de Regulación de Alquileres y al Decreto Legislativo sobre Desalojo de Vivienda) en su Titulo I Capítulo III, artículos 9 y 10, prescribe los criterios atributivos de la competencia especial inquilinaria. En este particular, el artículo 10° de la Ley en comento establece que: “Artículo 10: La competencia judicial en el Área Metropolitana de Caracas corresponde a los Tribunales Superiores en lo Civil y Contencioso Administrativo, en lo relativo a la impugnación de los actos administrativos emanados de la Dirección General de Inquilinato del Ministerio de Infraestructura; y en el resto del país, la competencia corresponde a los Juzgados de Municipio o los de igual competencia en la localidad de que se trate, en cuyo caso, a tales Juzgados del Interior de la República se les atribuye la competencia especial Contencioso Administrativa en materia Inquilinaria. El conocimiento de los demás procedimientos jurisdiccionales, a que se refiera esta Ley, en materia de arrendamientos urbanos y suburbanos será competencia de la jurisdicción civil ordinaria”. (Subrayado de la Sala). En el caso supra trascrito, se observa que en efecto, la resolución impugnada por la parte actora emana de la Dirección de Inquilinato del hoy Ministerio de la Producción y el Comercio correspondiendo así la competencia para conocer del presente asunto, por tratarse de una impugnación de un acto administrativo de efectos particulares, a los Tribunales Superiores en lo Civil y Contencioso Administrativo, en virtud de lo establecido en el artículo 10 de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios. Así se declara. Por último, es impretermitible aclarar que dentro de la jurisdicción especial Contencioso – Administrativa se encuentran los Tribunales Superiores en lo Contencioso Administrativo con competencia en materia inquilinaria. En 1960 el Reglamento de la Ley de Regulación de Alquileres, creó con categoría de Tribunal Superior colegiado, el Tribunal de Apelaciones de Inquilinato, cuya atribución fundamental era, entre otras, la de conocer en apelación de las decisiones de la Dirección de Inquilinato del Ministerio de Fomento. La competencia de este Tribunal se calificó como contencioso administrativa, considerándose las apelaciones como un recurso contencioso de anulación, habiéndose atribuido a la Corte Primera de lo contencioso Administrativo, el conocimiento de las apelaciones contra las decisiones de dicho Tribunal.

En virtud de los razonamientos precedentemente expuestos, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, NO ACEPTA LA COMPETENCIA que le fuera declinada por Juzgado Superior Cuarto en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, en el juicio incoado por la ciudadana FLOR DE MARÍA TORRES CÁCERES, titular de la cédula de identidad número 4.886.554, contra la Resolución N° 0232 de fecha 3 de agosto de 1990, emanada de la Dirección de Inquilinato del Ministerio de Fomento (hoy Ministerio de la Producción y el Comercio), por corresponderle la competencia judicial en el Área Metropolitana de Caracas a los Tribunales Superiores en lo Civil y Contencioso Administrativo, en lo relativo a la impugnación de los actos administrativos emanados de la Dirección General de Inquilinato del Ministerio de Infraestructura, de conformidad con lo establecido en el artículo 10 de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios. Publíquese, regístrese y comuníquese. Remítase el expediente al Tribunal de origen. Cúmplase lo ordenado.