La Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia acepta la competencia para conocer de la demanda por partición de comunidad interpuesta por un grupo de ciudadanos contra varias sociedades mercantiles. La decisión se basa en el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, que permiten a esta Sala conocer de acciones que involucren a la República o empresas con participación estatal decisiva, siempre que la cuantía supere los cinco millones de bolívares y no esté atribuida a otra autoridad. En este caso, se verifica que uno de los demandados es el Banco Industrial de Venezuela, donde el Estado tiene participación decisiva, y la cuantía de la demanda supera el mínimo requerido.
Extracto de la motiva
En virtud de la declinatoria de competencia efectuada por el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas, mediante decisión de fecha 16 de diciembre de 1993, ratificada en fecha 26 de julio de 1994, por el Juzgado Superior Cuarto en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la misma Circunscripción Judicial, debe esta Sala pronunciarse sobre su competencia para conocer de la demanda que por partición de comunidad incoaran los ciudadanos y ciudadanas THANIA RAMOS ANZOLA, EDUARDO TOMÁS TORRES RAMOS e ISABEL HERNÁNDEZ DE TORRES, MIGUEL GUEDEZ, LUTFI LAMEH y DORIS BRANT DE LAMEH, MARÍA DE PORRO, GUISEPPA MELI DE MOLINA y ROSENDO MOLINA PALACIO, EMERITA PIMENTEL C. y EDGARDO ÁVILA, CARLOS RAÚL ALBERTO QUINTAN SORIA y FRANCIA MORÓN DE QUINTANA, LUIS E. BRICEÑO GUTIÉRREZ y MARÍA ORTIZ DE BRICEÑO, RAFAEL CARRILLO y GRACIELA DE CARRILLO, ANTONIO ENVAGELISTA CICCARELLI y MARITZA RIVERA DE EVANGELISTA, NELSON ABOUD y JUDITH DE ABOUD, RAFAEL BLANCO y ROSARIO ELENA IRADY DE BLANCO, ANGELA MENDOZA DE LANDEAUX, LUIS VIELMA LOBO y VIRGINIA LOERO DE VIELMA, CARLOS TENORIO y MIERLETH CASTILLO DE TENORIO, JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ DOMÍNGUEZ y MARÍA CAMPOS DE GONZÁLEZ, RAFAEL LUZÓN y GLADYS DE LUZÓN, INÉS ÚRSULA BARDASZ MUÑOZ, NADER MUHAMAD TINEO y CAROLINA CLARIZA CASSELLA FERNÁNDEZ DE MUHAMAD, JOSÉ ALCANTARA, MIGUEL PABÓN y MARÍA DEL PILAR S. DE PABÓN, MAURICIO GRANDI y ELIZABETTHA TOVAR DE GRANDI, WINSTON CABELLO y ENRIQUE AGÜERO y PATRICIA TOBÍA DE AGÜERO, RAFAEL LUCES y NILOA VARGAS DE LUCES, SAMY MUHAMAD TINEO, JESÚS ANTONIO GÓMEZ TORO, FREDDY DE JESÚS DEL VALLE FRONTADO ORTIZ y AMARILIS GRAFE DE FRONTADO, WILLY GUICHARD, BEATRIZ VON ACKEREN, ANTONIO ARMADA y BEATRIZ BELLORIN DE ARMADA, MARCOS NARVÁEZ y CARMEN MARÍA PACHECO DE NARVÁEZ, FULBIO PARODI ARIAS e IRIA VIOLETA NAVEDA DE PARODI, CÉSAR PESSAGNO VICUÑA y CARMEN DE PESSAGNO, MANUEL ANTONIO CASTILLO CAMPOS y ROSARIO DE CASTILLO, LEONOR ZARZALEJO, EDGAR SALAS y YOLANDA INÉS CASTILLO DE SALAS, PAULA REGINA MIGLIETTI, JOSÉ MANUEL AGUILAR GONZÁLEZ y MARÍA KENT DE AGUILAR, GIUSEPPE FRASCA BELFIGLIA y OLIVA MARÍA ROMASCO DE FRASCA, MARIANA BLUM PALFI, y las sociedades mercantiles COMERCIAL OCCIDENTE, C.A., ANINVERSIÓN, S.A., MISANA CERÁMICA, S.A., y CARONÍ ORIENTAL, S.A., ya identificados, contra las sociedades mercantiles CONEDIL, C.A., BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA, y COMPAÑÍA ANÓNIMA PARA EL DESARROLLO TURÍSTICO DE ORIENTE (CAZTOR), también identificadas, y al respecto observa: El ordinal 15 del artículo 42 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, establece que: “Es de la competencia de la Corte como más alto Tribunal de la República: ...omissis... 15: “Conocer de las acciones que se propongan contra la República o algún Instituto Autónomo o empresa en la cual el Estado tenga participación decisiva, si su cuantía excede de cinco millones de bolívares, y su conocimiento no está atribuido a otra autoridad.”. Como puede observarse, la norma arriba transcrita establece un régimen especial de competencia a favor de esta Sala Político Administrativa, en todas aquellas acciones intentadas, que cumplan con las tres condiciones contempladas en la misma, a saber: 1) Que se demande a la República, a algún Instituto Autónomo o empresa en la cual el Estado tenga participación decisiva; 2) Que la acción incoada tenga una cuantía superior a cinco millones de bolívares (Bs. 5.000.000,oo); y 3) Que el conocimiento de la causa no esté atribuido a ninguna otra autoridad, entendiendo con ello, que la norma bajo análisis constituye una derogatoria de la jurisdicción civil y mercantil, que es la jurisdicción ordinaria, pero no de las otras jurisdicciones especiales, tales como la Laboral, del Tránsito o Agraria. Debe la Sala entonces, a los fines de establecer la competencia, analizar si la acción incoada, cumple o no con las condiciones antes descritas, a saber: En primer término, uno de los demandados es el BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA, sociedad mercantil en la cual, según se constata de sus documentos constitutivos y estatutarios y de la jurisprudencia reiterada de esta Sala (Vide. Sentencias Nos. 00384 y 01155, de fechas 11 de marzo y 23 de julio de 2003, respectivamente), el Estado venezolano tiene participación decisiva como propietario de noventa y nueve mil ochocientos cuatro mil ochocientos cuarenta acciones (99.000.804.840), equivalentes al 99,8% de la totalidad de las mismas, por lo que se considera satisfecho el primer requisito. En segundo término, se observa que la demanda ha sido estimada por los actores en Cuatrocientos Veintitrés Millones de Bolívares (Bs. 423.000.000,oo), cantidad que supera el límite mínimo de Cinco Millones de Bolívares (Bs. 5.000.000,oo) establecido por la norma. Por último, con respecto al tercer requisito, se observa que la acción incoada es una demanda por partición de comunidad, la cual se tramita por el procedimiento ordinario establecido en el Código de Procedimiento Civil, con lo cual se considera satisfecha la tercera circunstancia de que la acción no esté atribuida a ninguna otra autoridad. En consecuencia, cumplidos como han sido los requisitos del artículo 42, ordinal 15 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, esta Sala debe aceptar la competencia para conocer del presente juicio. Así se declara.
Dispositiva
Con fundamento en las precedentes consideraciones, esta Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ACEPTA LA COMPETENCIA que le fuera declinada por el Juzgado remitente, a los fines de conocer la demanda por partición de comunidad, interpuesta por los ciudadanos y ciudadanas THANIA RAMOS ANZOLA, EDUARDO TOMÁS TORRES RAMOS e ISABEL HERNÁNDEZ DE TORRES, MIGUEL GUEDEZ, LUTFI LAMEH y DORIS BRANT DE LAMEH, MARÍA DE PORRO, GUISEPPA MELI DE MOLINA y ROSENDO MOLINA PALACIO, EMERITA PIMENTEL C. y EDGARDO ÁVILA, CARLOS RAÚL ALBERTO QUINTAN SORIA y FRANCIA MORÓN DE QUINTANA, LUIS E. BRICEÑO GUTIÉRREZ y MARÍA ORTIZ DE BRICEÑO, RAFAEL CARRILLO y GRACIELA DE CARRILLO, ANTONIO ENVAGELISTA CICCARELLI y MARITZA RIVERA DE EVANGELISTA, NELSON ABOUD y JUDITH DE ABOUD, RAFAEL BLANCO y ROSARIO ELENA IRADY DE BLANCO, ANGELA MENDOZA DE LANDEAUX, LUIS VIELMA LOBO y VIRGINIA LOERO DE VIELMA, CARLOS TENORIO y MIERLETH CASTILLO DE TENORIO, JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ DOMÍNGUEZ y MARÍA CAMPOS DE GONZÁLEZ, RAFAEL LUZÓN y GLADYS DE LUZÓN, INÉS ÚRSULA BARDASZ MUÑOZ, NADER MUHAMAD TINEO y CAROLINA CLARIZA CASSELLA FERNÁNDEZ DE MUHAMAD, JOSÉ ALCANTARA, MIGUEL PABÓN y MARÍA DEL PILAR S. DE PABÓN, MAURICIO GRANDI y ELIZABETTHA TOVAR DE GRANDI, WINSTON CABELLO y ENRIQUE AGÜERO y PATRICIA TOBÍA DE AGÜERO, RAFAEL LUCES y NILOA VARGAS DE LUCES, SAMY MUHAMAD TINEO, JESÚS ANTONIO GÓMEZ TORO, FREDDY DE JESÚS DEL VALLE FRONTADO ORTIZ y AMARILIS GRAFE DE FRONTADO, WILLY GUICHARD, BEATRIZ VON ACKEREN, ANTONIO ARMADA y BEATRIZ BELLORIN DE ARMADA, MARCOS NARVÁEZ y CARMEN MARÍA PACHECO DE NARVÁEZ, FULBIO PARODI ARIAS e IRIA VIOLETA NAVEDA DE PARODI, CÉSAR PESSAGNO VICUÑA y CARMEN DE PESSAGNO, MANUEL ANTONIO CASTILLO CAMPOS y ROSARIO DE CASTILLO, LEONOR ZARZALEJO, EDGAR SALAS y YOLANDA INÉS CASTILLO DE SALAS, PAULA REGINA MIGLIETTI, JOSÉ MANUEL AGUILAR GONZÁLEZ y MARÍA KENT DE AGUILAR, GIUSEPPE FRASCA BELFIGLIA y OLIVA MARÍA ROMASCO DE FRASCA, MARIANA BLUM PALFI, y las sociedades mercantiles COMERCIAL OCCIDENTE, C.A., ANINVERSIÓN, S.A., MISANA CERÁMICA, S.A., y CARONÍ ORIENTAL, S.A., contra las sociedades mercantiles CONEDIL, C.A., BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA, y COMPAÑÍA ANÓNIMA PARA EL DESARROLLO TURÍSTICO DE ORIENTE (CAZTOR). En consecuencia, se ordena remitir la presente causa al Juzgado de Sustanciación a los fines de que se pronuncie sobre los requisitos de admisión de la demanda, con prescindencia de la competencia aquí aceptada. Publíquese, regístrese y comuníquese. Remítase copia certificada de la presente decisión al Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas.
Palabras clave
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