Sentencia N° 2589 Político-Administrativa TSJ 2001: Banco Caroní, C.A., Banco Universal — Suspensión de efectos de acto…

La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre la solicitud de suspensión de efectos de un acto administrativo impugnado por la sociedad mercantil Banco Caroní, C.A. En su análisis, la Sala destacó que las decisiones sobre medidas cautelares no causan cosa juzgada y pueden ser revisadas si se presentan cambios en las circunstancias. Sin embargo, la representación judicial de la recurrente no aportó elementos de hecho que justificaran un nuevo análisis de la decisión anterior que había declarado improcedente la medida cautelar solicitada. La Sala argumentó que la ejecutoriedad de los actos administrativos no colide necesariamente con el derecho al debido proceso y la presunción de inocencia, y que la posibilidad de suspender los efectos de un acto administrativo debe ser evaluada por un juez. Finalmente, se declaró improcedente la solicitud de suspensión de efectos, enfatizando la necesidad de un análisis equilibrado entre los intereses en juego y la importancia de la tutela judicial efectiva. La decisión fue firmada y sellada en Caracas, y se publicó el 13 de noviembre de 2001.

Al respecto, esta Sala observa: En primer término, conviene recordar que, ciertamente, como señalan los solicitantes “las decisiones sobre medidas cautelares no causan cosa juzgada en sentido material”, y es perfectamente posible que el pronunciamiento que las acuerda o desestima pueda ser revisado en cualquier momento, cuando se han producido cambios sustanciales en las circunstancias imperantes al momento de producirse la decisión al respecto. En tal virtud, corresponde a las partes interesadas en hacer cambiar la resolución que ha sido tomada al respecto, producir los elementos de convicción que consideren suficientes, pertinentes y necesarios a fin de permitir que el juez aprecie la modificación de los presupuestos de hecho motivadores de su decisión y, en consecuencia, proceda, si así fuere, a cambiar el dictamen previo pronunciado en torno a la medida cautelar solicitada. En el presente caso, se advierte que la representación judicial de la recurrente al insistir en su petición de suspensión de efectos, omitió señalar las razones fácticas que podrían motivar una modificación de la decisión dictada por esta Sala en fecha 7 de agosto de 2001, que declaró improcedente la medida cautelar de suspensión de efectos solicitada. En efecto, en el aludido escrito de fecha 9 de agosto de 2001, los recurrentes se limitaron a exponer la argumentación jurídica que, a su juicio, hace procedente la revisión de la situación planteada, obviando, sin embargo, todo señalamiento que indique una modificación en las condiciones o circunstancias de hecho que justifiquen, a su vez, un cambio de criterio respecto de la decisión que negó la medida cautelar en cuestión, impidiendo, de esa manera, que la Sala pueda reexaminar el fallo dictado en fecha 7 de agosto de 2001. No obstante lo anterior, la Sala considera conveniente entrar a analizar la solicitud sub examine, en virtud de la naturaleza de los alegatos utilizados por los recurrentes. Al efecto, se hacen las siguientes consideraciones: Como se expresó, el argumento central de la solicitud realizada por los abogados de la parte actora radica en señalar que la ejecutoriedad de los actos administrativos de carácter sancionatorio “colide directa, objetiva e indiscutiblemente” con la garantía constitucional al debido proceso legal y el derecho a la presunción de inocencia, contemplados en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Alegan, además, que el carácter ejecutivo de los actos administrativos deriva de normas legales (artículos 8, 79 y 87 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos) y que por tal motivo, ello no puede contraponerse al derecho a la presunción de inocencia en virtud de encontrarse reconocido en normas de rango constitucional. Así las cosas, es menester realizar algunas precisiones a fin de dar respuesta a la problemática planteada.

En virtud de las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia en Sala Político-Administrativa, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara IMPROCEDENTE la solicitud de suspensión de efectos formulada en fecha 9 de agosto de 2001 por los abogados Oswaldo Padrón Amaré y Lizbeth Subero Ruíz, en su carácter de representantes judiciales de la sociedad mercantil BANCO CARONÍ, C.A., BANCO UNIVERSAL. Publíquese, regístrese y comuníquese. Remítase el expediente al Juzgado de Sustanciación. Cúmplase lo ordenado.