Sentencia N° 2585 Político-Administrativa TSJ 2001: Herbert Isaac Rodriguez Davila vs CORPOVEN, S.A. y GUSTAVO HERNANDEZ

La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre la declinatoria de competencia en un caso de daños materiales derivados de un accidente de tránsito. El tribunal de origen se declaró incompetente y remitió el expediente a esta Sala. La Sala analizó si cumplía con los requisitos de competencia establecidos en la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, concluyendo que no era competente para conocer del caso, ya que la controversia debía ser resuelta por los tribunales de tránsito.

Visto el presente caso, en el que se ha intentado una demanda por daños materiales y daños emergentes derivados de accidente de tránsito, contra el ciudadano GUSTAVO HERNANDEZ y la sociedad mercantil CORPOVEN S.A., hoy PDVSA PETROLEO Y GAS, S.A., en virtud de su última modificación por la cual cambió de denominación social, y que consta en documento inscrito en el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, inscrito bajo el No. 21, tomo 583-A Sgdo. del 30 de diciembre de 1.997, la Sala debe determinar su competencia para conocer el mismo, y en tal sentido al ser PDVSA PETROLEO Y GAS, S.A., uno de los demandados, se debe atender a lo dispuesto en el artículo 42, numeral 15 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, el cual textualmente establece que es competencia de esta Sala Político-Administrativa: “Conocer de las acciones que se propongan contra la República, o algún Instituto Autónomo o empresa en la cual el Estado tenga participación decisiva, si su cuantía excede de cinco millones de bolívares, y su conocimiento no está atribuido a ninguna otra autoridad”. Como puede observarse, la norma arriba transcrita establece un régimen especial de competencia a favor de la Sala Político Administrativa, en todas aquellas acciones intentadas, que cumplan con las tres condiciones contempladas en la misma, a saber: 1) Que se demande a la República, a algún Instituto Autónomo o empresa en la cual el Estado tenga participación decisiva; 2) Que la acción incoada tenga una cuantía superior a cinco millones de bolívares (Bs. 5.000.000,oo); y 3) Que el conocimiento de la causa no esté atribuido a ninguna otra autoridad, entendiendo con ello, que la norma bajo análisis constituye una derogatoria de la jurisdicción civil y mercantil, que es la jurisdicción ordinaria, pero no de las otras jurisdicciones especiales, tales como la Laboral, del Tránsito o Agraria.

Atendiendo a los razonamientos expresados, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ACEPTA la competencia que le fuera declinada por el tribunal remitente a los fines de conocer el caso planteado. En consecuencia, se ordena remitir la presente causa al Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario, del Tránsito y del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, por ser el competente y a objeto de que la causa continúe su curso de ley. Publíquese, regístrese y comuníquese. Cúmplase lo ordenado.