Sentencia N° 2527 Político-Administrativa TSJ 2001: María Mireya Vela de Añez vs Municipio Giradot DEL Estado Aragua

La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre la declinatoria de competencia planteada por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo, en relación a una acción de amparo autónoma interpuesta por María Mireya Vela de Añez. La Sala determinó que la competencia para conocer de la acción corresponde al Juzgado Superior en lo Civil (Bienes) y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Central, dado que la pretensión de la actora está vinculada a un contrato que no se considera administrativo. La Sala argumentó que la relación jurídica entre la accionante y el Municipio Girardot no constituye un contrato administrativo, ya que no se refiere a la prestación de un servicio público. Además, se destacó que la competencia para conocer de acciones autónomas de amparo afines a la materia administrativa corresponde a los Tribunales Superiores con competencia en lo Contencioso Administrativo. Finalmente, la Sala no aceptó la declinatoria de competencia y ordenó la remisión del expediente al Juzgado Superior en lo Civil (Bienes) y Contencioso Administrativo, reafirmando la importancia del acceso a la justicia y la celeridad en la resolución de estos casos.

La vigente Constitución establece en su artículo 266 que la jurisdicción constitucional será ejercida por la Sala Constitucional, y por tanto, a ella corresponde no solamente la interpretación del texto fundamental, sino la fijación de criterios uniformes que permitan la orientación de las instituciones y procedimientos afines con la materia cuyo conocimiento le ha sido atribuido. Ahora bien, observa esta Sala que la causa fue remitida por el Juzgado Superior en lo Civil (Bienes) y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Central, por considerar que la pretensión de la actora vinculada a un contrato que consideró de naturaleza administrativa, y visto que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42, ordinal 14 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, la competencia para conocer de “asuntos relacionados con contratos administrativos” está expresamente atribuida a esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, declinó en esta Sala la competencia para conocer la referida acción. Al respecto, la Sala observa que, entre la accionante y la Alcaldía señalada como pretendida agraviante, existe una relación jurídica basada en un contrato de adjudicación, el cual no constituye un contrato administrativo, por cuanto no se refiere a la prestación de un servicio público. En efecto, tanto la doctrina como la jurisprudencia de la Sala han señalado como características esenciales de los contratos administrativos: que una de las partes sea un ente público; la finalidad de utilidad pública o de servicio público en el contrato, y como consecuencia de lo anterior, se entiende la presencia de ciertas prerrogativas exorbitantes de la Administración en dichos contratos, aun cuando no se encuentren expresamente plasmadas tales características en el texto de los mismos.

Por las razones antes expuestas, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley NO ACEPTA la declinatoria de competencia planteada por el Juzgado Superior en lo Civil (Bienes) y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Central, para conocer del expediente contentivo de la acción de amparo autónoma, incoada por la ciudadana MARÍA MIREYA VELA DE AÑEZ, contra el acto administrativo contenido en la Resolución Nº 022, de fecha 25 de enero de 2001, emanada del Alcalde del Municipio Girardot del Estado Aragua. En consecuencia, es competente el Juzgado Superior en lo Civil (Bienes) y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Central. Publíquese, regístrese y notifíquese. Remítase el expediente al Juzgado Superior en lo Civil (Bienes) y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Central. Cúmplase lo ordenado.