Sentencia N° 2519 Político-Administrativa TSJ 2001: Doris Arteaga de Portillo vs Consejo de la Judicatura

La ciudadana Doris Arteaga de Portillo impugnó su destitución como juez ante el Consejo de la Judicatura, alegando violaciones a su derecho a la defensa. El Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Político-Administrativa, analizó las pruebas y determinó que el Consejo actuó correctamente al desestimar las pruebas presentadas en secreto, priorizando el derecho a la defensa consagrado en la Constitución. Finalmente, se declaró sin lugar el recurso de nulidad propuesto por la recurrente.

Siendo la oportunidad para decidir esta Sala observa: De la anterior narración de la recurrente se desprende que ésta estima que se ha violado su derecho a la defensa, al desestimar el Consejo de la Judicatura la prueba de testigos oportunamente promovida y evacuada en la forma dispuesta por el propio Consejo de la Judicatura conforme al artículo 55 de la Ley Orgánica hoy derogada, es decir, en secreto y sin acceso de parte interesada a los efectos del control de la prueba. Disponía el último aparte del artículo 55 de la Ley Orgánica del Consejo de la Judicatura de 24 de agosto de 1988, vigente para la época, lo siguiente: “El proceso disciplinario se mantendrá en secreto, excepto para el denunciante, hasta tanto quede firme la decisión.” Si esta disposición fuera examinada hoy frente a los criterios que suministra la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, se llegaría a la conclusión de que es contraria a los principios de justicia accesible, idónea, transparente y equitativa proclamados en el artículo 26; de que es opuesta a la esencia del debido proceso, en su vertiente de acceso a las pruebas y al ejercicio de su control (numeral 1º, artículo 49); y de que es violatoria del carácter público del proceso consagrado en el artículo 257. Es cierto que la Constitución de 1961 no desarrollaba estos principios con la extensión y con la amplitud de la actual Carta Magna, pero la doctrina y la jurisprudencia habían desarrollado criterios bastante dilatados como para aproximarse a formulaciones similares a las que la actual Constitución exhibe en este materia. El precepto de que la defensa es derecho inviolable en todo estado y grado del proceso y la regla de que la enunciación de los derechos y garantías contenida en la Constitución no debía entenderse como negación de otros que, siendo inherentes a la persona humana, no figuraran expresamente en ella (artículos 68 y 50, respectivamente, de la Constitución de 1961), suministraban suficiente espacio para considerar inconstitucional el último aparte del referido artículo 55 de la Ley Orgánica del Consejo de la Judicatura. Por otra parte, una norma de esa naturaleza era contraria al principio de igualdad, proclamado por el artículo 15 del Código de Procedimiento Civil como parte de la garantía del derecho de defensa. De modo que el acto administrativo impugnado –al dejar de considerar las pruebas evacuadas en secreto, aún cuando tal condición fue impuesta por el propio Consejo de la Judicatura- procedió correctamente, respetó el principio de igualdad de las partes y el derecho a la defensa consagrado en el artículo 15 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con los artículos 50 y 68 de la Constitución de 1961. Al proceder de tal modo, el Consejo de la Judicatura dejó de aplicar el artículo 55 de la Ley Orgánica que regía su funcionamiento y concedió prioridad a las normas contenidas en los artículos 50 y 68 de la Constitución de 1961.

Por las razones expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia en Sala Político-Administrativa administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR el recurso de nulidad propuesto por la ciudadana Doris Arteaga de Portillo contra el acto administrativo dictado por el Consejo de la Judicatura con fecha 9 de septiembre de 2000, por medio del cual acordó su destitución del cargo de Juez de los Municipios Rangel y Cardenal Quintero de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida. Publíquese, regístrese y comuníquese. Archívese el expediente principal y remítanse los antecedentes administrativos. Cúmplase lo ordenado.