Sentencia N° 2512 Político-Administrativa TSJ 2001: Luis Beltran Gonzalez vs Presidente de la República — Declinación de…

La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre una acción de amparo constitucional y una acción popular de inconstitucionalidad contra un decreto presidencial. Se determinó que la acción no planteaba colisión de leyes, sino que se trataba de una acción de nulidad por inconstitucionalidad. La Sala aclaró que, aunque no se había dictado la Ley Orgánica que regulara sus funciones, debía continuar con su labor de administrar justicia.

Previamente, debe esta Sala establecer la naturaleza de la acción ejercida en el presente caso, y al respecto observa que el actor en el escrito libelar señaló que ejerce la presente acción de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 ordinal 6° de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, que establece la competencia para conocer de los recursos por colisión de leyes. Sin embargo, de la lectura de dicho escrito, pudo constatar la Sala que no se ha planteado colisión alguna de disposiciones legales, sino más bien, se ha ejercido una acción de nulidad por inconstitucionalidad conjuntamente con acción de amparo contra un Decreto Presidencial dictado en ejecución directa e inmediata de la Constitución. Realizada la anterior aclaratoria, debe la Sala pronunciarse sobre la competencia para conocer de la acción interpuesta, y al respecto observa: El 15 de diciembre de 1999 fue aprobada, mediante referendo, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Dicho Texto Fundamental prevé en su artículo 262 la creación del Tribunal Supremo de Justicia y de las Salas que lo integran. Asimismo, la vigente Constitución otorga en forma expresa, ciertas competencias a las distintas Salas de este Tribunal Supremo de Justicia, y deja a cargo de la respectiva Ley Orgánica, la cual deberá ser aprobada por la Asamblea Nacional dentro del primer año contado a partir de su instalación, la distribución de otras no atribuidas expresamente. Ahora bien, a los fines de mantener el funcionamiento integral del Estado, debe este Supremo Tribunal continuar con su labor de máximo administrador de justicia. Por tanto, aun cuando no haya sido dictada hasta el presente la aludida Ley Orgánica, reguladora de sus funciones, sus Salas están obligadas a conocer y decidir todos aquellos casos que cursaban ante la extinta Corte Suprema de Justicia, así como aquellos que ingresen, atendiendo a la afinidad existente entre la materia debatida en cada caso concreto y la especialidad de cada una de las Salas.

En virtud de lo expuesto, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLINA LA COMPETENCIA para conocer y decidir la presente acción en la Sala Constitucional de este Tribunal Supremo de Justicia. Publíquese, regístrese y comuníquese. Remítase el expediente a la mencionada Sala.