Sentencia N° 2503 Político-Administrativa TSJ 2001: DULCE DEL CARMEN MEDINA MONSALVE y LEONEL… vs Ministro de Educación

La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre el recurso contencioso administrativo interpuesto por un grupo de estudiantes del Instituto Universitario Politécnico 'Santiago Mariño' contra la Resolución Nº 837 del Ministerio de Educación, que declaraba ilegales sus estudios. La Sala determinó que no se vulneró el derecho a la educación, ya que el Instituto no contaba con la autorización necesaria para ofrecer los programas académicos en cuestión. Además, se desechó el alegato de violación del derecho a la defensa, dado que el acto administrativo estaba dirigido al Instituto y no a los estudiantes directamente.

Corresponde a esta Sala pronunciarse sobre el fondo del asunto sometido a su conocimiento y, a tal efecto, observa lo siguiente: Esta Sala Político-Administrativa observa que la pretensión de los querellantes, es la declaratoria de nulidad de la Resolución Nº 837, emanada del entonces Ministerio de Educación, con fundamento en la supuesta violación del derecho a la educación, consagrado en el artículo 78 de la Constitución de 1961, el cual reza. 'Artículo 78. Todos tiene derecho a la educación. El Estado creará y sostendrá escuelas, instituciones y servicios suficientemente dotados para asegurar el acceso a la educación y a la cultura, sin más limitaciones que las derivadas de la vocación y de las aptitudes.' Tal derecho se encuentra consagrado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en los artículos 102 y 103, los cuales disponen lo siguiente: 'Artículo 102.- La educación es un derecho humano y un deber social fundamental, es democrática, gratuita y obligatoria. El Estado la asumirá como función indeclinable y de máximo interés en todos sus niveles y modalidades, y como instrumento del conocimiento científico, humanístico y tecnológico al servicio de la sociedad.' Asimismo, se constata que el supuesto hecho lesivo fue lo dispuesto en la Resolución objeto de impugnación, la cual declara la ilegalidad de los cursos que el Instituto Universitario Politécnico 'Santiago Mariño', dicta sin autorización del Ministerio, e igualmente establece que no reconocerá dichos títulos o certificados.

En virtud de las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia en Sala Político-Administrativa, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR el recurso contencioso administrativo de anulación interpuesto por el abogado Rosalio Montero Guevara, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 4136, actuando con el carácter de apoderado judicial de los ciudadanos: DULCE DEL CARMEN MEDINA MONSALVE y LEONEL ANTONIO ZAMBRANO MONTILVA, cédulas de identidad números V-10.901.999 y, V-12.220.550, respectivamente, con domicilio en la ciudad de Tovar, Estado Mérida; RADAMES LARRAZABAL, NESTOR GONZALEZ y MIGDALIA GOMEZ, cédula de identidad número V-12.380.470, V-5.785.746 y V-11.805.115, respectivamente, con domicilio en la ciudad de Cabimas, Estado Zulia; DALILIAN ALFARO, ELIZABETH HENECH y ALBA SARABIA DE LEZAMA, cédulas de identidad números V-8.276.445, V-13.767.331, y V-2.747.341, respectivamente, domiciliados en la ciudad de Barcelona, Estado Anzoátegui; ALVARO ALONZO CHACON PERNIA, RUBEN OTONIEL CONTRERAS ESTANGA, LORENA EVELYN ARRAIZ, TAHIO BETTINA SANTOS MONSALVE, y MIGUEL ANGEL HERNANDEZ GIL, cédulas de identidad números V-9.344.310, V-11.157.985, V-10.249.771, V-13.506.703, y V-10.176.970, respectivamente, con domicilio en la ciudad de San Cristóbal, Estado Táchira; MARIA ANDREINA MACHADO, REINALDO RODRIGUEZ, THAMARA ALCALA BORRAEZ, ISBET CAROLINA RIOS, ADRIANA MARIN LANDAETA, LUCY YANETH DAZA MOLINA, LAMIA MUCI, BETTINA CUDIS y LOURDES V. GOMEZ L., cédulas de identidad números V-12.774.412, V-9.443.483, V-11.999.981, V-13.127.327, V-12.431.614, V-6.346.648, V-9.448.833, V-12.607.074, y V-11.357.866, respectivamente, domiciliados en la ciudad de Valencia, Estado Carabobo; ARELIS VARGAS DE GONZALEZ, MARIA SANCHEZ y MARITHER HORN M, cédulas de identidad números V-4.616.230, V-11.977.514 y V-13.201.438, respectivamente y con domicilio en la ciudad de Maracay, Estado Aragua; JESUS ENRIQUE UZCATEGUI, JOSE ALBERTO CUESTA NUXEZ, YOSMIRA CUEVAS FERNANDEZ, ROISA WILLISTTAR LOPEZ VILLAVICENCIO y AFRIT ISAAC JAIMES CASTILLO, cédulas de identidad números V-12.780.233, V-12.396.980, V-12.487.813, V-12.526.568 y V-12.346.633, respectivamente, con domicilio en la ciudad de Mérida Estado Mérida; MYLENA GARCIA, y YOSMAR RUIZ, cédulas de identidad números V-6.150.190 y V-13.432.570, respectivamente, con domicilio en la ciudad de Caracas, Distrito Capital; REGINO JOSÉ MEZA VARGAS, ALEJANDRA JOSEFINA CHIRINOS ALVAREZ, CESAR MIGUEL SARCOS SOCORRO y JOSE DE LA TRINIDAD MORALES RANGEL, cédulas de identidad números V-12.758.209, V-12.725.207, V-7.708.144 y V-7.712.090, respectivamente, y con domicilio en la ciudad de Maracaibo, Estado Zulia; ALI JOSE SANCHEZ, LIVIO GILBERTO DELGADO GODOY y CESAR AUGUSTO RAMIREZ RODRIGUEZ, cédulas de identidad números V-2.814.642, V-4.261.253 y V-3.916.197, respectivamente y con domicilio en la ciudad de Barinas, Estado Barinas; MILAGROS DE LOS ANGELES REYES JAIMES, cédula de identidad número V-12.151.301, con domicilio en la ciudad de Maturín, Estado Monagas, de tránsito en la ciudad de Valencia, Estado Carabobo; todos Estudiantes del Instituto Universitario Politécnico 'SANTIAGO MARIÑO', en sus respectivas Extensiones, contra el acto administrativo dictado por el ciudadano Ministro de Educación (hoy Ministro de Educación, Cultura y Deportes) contenido en la '(...) Resolución Nº 837, de fecha 24 de agosto de 1995, que fuera debidamente notificada mediante Cartel publicado en los diarios El Nacional y El Universal, en fecha 27 de agosto de 1995, y cuyo término de notificación se cumplió el 15 de septiembre de 1995 (...)'. En virtud de haberse evidenciado de las actas que conforman el expediente, situaciones presuntamente irregulares que eventualmente, podrían ocasionar daños a un sector importante de la colectividad, se ordena oficiar al Fiscal General de la República y al Defensor del Pueblo para que se inicien las averiguaciones correspondientes. Publíquese, regístrese y notifíquese. Archívese el expediente y devuélvase el expediente administrativo. Cúmplase lo ordenado.