Sentencia N° 2494 Político-Administrativa TSJ 2001: Transportes Marinos Occidente, C.A. vs Director General Encargado DEL…

La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en virtud de la solicitud de nulidad interpuesta por la sociedad mercantil TRANSPORTES MARINOS OCCIDENTE, C.A., declaró con lugar la perención de la instancia en el presente proceso. Se argumentó que la causa había estado paralizada por más de un año, conforme a lo establecido en el artículo 86 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, lo que permite declarar la perención de pleno derecho. La Sala también dejó sin efecto la medida cautelar acordada anteriormente y la caución exigida a la parte autora.

Para decidir lo conducente, la Sala observa: El artículo 86 de la Ley Orgánica que rige las funciones de este Alto Tribunal establece, en cuanto a la perención de instancia como regla general aplicable a los procedimientos que cursen ante este órgano jurisdiccional, lo siguiente: 'Salvo lo previsto en disposiciones especiales, la instancia se extingue de pleno derecho en las causas que hayan estado paralizadas por más de un año. Dicho término empezará a contarse a partir de la fecha en que se haya efectuado el último acto del procedimiento. Transcurrido el lapso señalado, la Corte, sin más trámites, declarará consumada la perención de Oficio o a instancia de parte.' Con respecto a la interpretación de la norma, esta Sala mediante sentencia Nº 00095, de fecha 13 de febrero de 2001, caso: Molinos San Cristóbal, en ponencia conjunta, revisó el criterio que se ha venido manteniendo en materia de perención, examinando la aplicabilidad del dispositivo contenido en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, en los juicios y procedimientos que se ventilan ante este Alto Tribunal. Así señaló: '(...) la única excepción que admite la textual aplicación del mencionado precepto, además de los procedimientos penales como ya se indicó, es en aquellos supuestos en que existan disposiciones especiales aplicables al caso; y lo cierto es que el Código de Procedimiento Civil, en forma alguna puede considerarse como un texto legislativo especial (...) ni de aplicación singular o preferente, especialmente con relación a la materia contencioso administrativa, la cual se ventila ante la Sala, y está regulada, al menos transitoriamente, por la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia.(...) De manera, pues, que a los efectos de declarar la perención en un procedimiento que se tramite ante el Tribunal Supremo, no puede tenerse el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, como norma de preferente aplicación y por tanto ha de concluirse que adquieren su pleno valor las reglas sobre la materia estatuidas en el artículo 86; conforme a cuya lectura aparece como obligada conclusión, que basta para que opere la perención, independientemente del estado en que se encuentre, que la causa haya permanecido paralizada por más de un año, debiendo contarse dicho término a partir de la fecha en que se haya efectuado el último acto del procedimiento, transcurrido el cual, la Sala, sin más trámites, declarará consumada la perención de Oficio o a instancia de parte. Se trata, así, del simple cumplimento de una condición objetiva, independiente por tanto de la voluntad de las partes, es decir, no atribuible a motivos que le son imputables, y consistente en el solo transcurso del tiempo de un año de inactividad para la procedencia de la perención. (...)

En virtud de las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia en Sala Político-Administrativa, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara CONSUMADA LA PERENCIÓN, y en consecuencia, EXTINGUIDA LA INSTANCIA en la presente causa. Así mismo, se deja sin efecto la medida cautelar acordada en la presente causa por esta Sala en fecha 17 de diciembre de 1991, así como la caución exigida a la parte autora por la cantidad de cien mil Bolívares (Bs.100.000,00), otorgada por el Banco Venezolano de Crédito SACA, en fecha 31 de enero de 1992. Publíquese, regístrese y notifíquese. Archívese el expediente.