Sentencia N° 2423 Político-Administrativa TSJ 2001: Mario Aquino Pisano vs Instituto Nacional de Hipódromos I.N.H.

La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre la solicitud de suspensión de la causa presentada por Mario Aquino Pisano, Director General Sectorial de la Procuraduría General de la República. La solicitud se fundamentó en el artículo 38 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General, que establece la obligación de notificar al Procurador General de la República sobre demandas que afecten los intereses patrimoniales del Estado. La Sala determinó que la notificación realizada no implicaba la paralización del proceso, permitiendo así que la causa continuara su curso normal.

El artículo 38 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República dispone lo siguiente: 'Los funcionarios judiciales están obligados a notificar al Procurador General de la República de toda demanda, oposición, excepción, providencia, sentencia o solicitud de cualquier naturaleza que, directa o indirectamente, obre contra los intereses patrimoniales de la República.' La norma transcrita establece la obligación de los funcionarios judiciales de notificar al Procurador General de la República de cualquier demanda interpuesta que afecte directa o indirectamente los intereses patrimoniales de la República. Dicha norma es expresión de las prerrogativas jurisdiccionales que posee la República en lo que respecta a los juicios en los que se afectan sus intereses patrimoniales. Sin embargo, la norma citada no sólo se refiere a los intereses patrimoniales directos de la República en sí misma. Es decir, dicha norma no sólo se relaciona con aquellas demandas, oposiciones, excepciones, providencias, sentencias o solicitudes de cualquier naturaleza contra la personalidad jurídica de la República, sino que igualmente la norma está referida a los organismos descentralizados funcionalmente.

Consecuente con lo anteriormente expuesto, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley declara IMPROCEDENTE la solicitud formulada por la Procuraduría General de la República, consistente en que se suspenda la presente causa por el lapso de noventa días previsto en el encabezado del artículo 38 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. Publíquese, regístrese y notifíquese. Devuélvase el expediente al Juzgado de Sustanciación a fin de que continúe su curso de ley. Cúmplase lo ordenado.