Sentencia N° 2416 Político-Administrativa TSJ 2001: Octavio Rafael Caranama Maita — Recurso contencioso administrativo de nulidad

La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre la solicitud de nulidad del artículo 84 del Reglamento de la Ley de Carrera Administrativa, así como de varios artículos del Estatuto de Personal de la Contraloría General de la República. El recurrente alegó que su remoción de la Contraloría fue inconstitucional e ilegal, argumentando que los artículos impugnados afectaban su situación laboral y derechos como funcionario de carrera. La Sala, tras analizar los argumentos, concluyó que no se vulneraron los derechos del recurrente y que las disposiciones impugnadas no alteraban el marco legal establecido.

Corresponde a esta Sala, en primer lugar, pronunciarse sobre la solicitud de nulidad contra el artículo 84 del Reglamento de la Ley de Carrera Administrativa, y a tal efecto observa lo siguiente: En primer lugar, considera esta Sala que no puede confundirse la situación de un funcionario de carrera que ocupando un cargo de libre nombramiento y remoción, sea removido de éste y, por ende, pase a situación de disponibilidad, con las causales de retiro previstas en el artículo 53 de la Ley de Carrera Administrativa. Igualmente, se advierte que según lo previsto en la Ley de Carrera Administrativa, en la Administración Pública existen dos tipos de funcionarios, los que se consideran de carrera porque ocupen o hayan ocupado un cargo que, de conformidad con la normativa aplicable, esté definido como de carrera y los que no están dentro de este régimen; e igualmente dos tipos de cargos: los de carrera y los de libre nombramiento y remoción. Por su parte, los funcionarios de carrera, condición que nunca se pierde, gozan de ciertos beneficios, entre ellos, estabilidad en el cargo, de lo que no son acreedores los funcionarios de libre nombramiento y remoción, quienes pueden ser removidos del cargo que ocupen sin que deba realizarse ningún procedimiento administrativo. Sin embargo, puede ocurrir que un funcionario que ingrese a la administración en un cargo de carrera, bien sea por ascenso, traslado a otro organismo, o cualquier otra circunstancia, pase a ocupar un cargo de libre nombramiento y remoción, situación prevista en el artículo 51 de la Ley de Carrera Administrativa, como de permiso especial. De igual manera, cuando un funcionario de carrera pasa a ocupar un cargo de libre nombramiento y remoción, por su situación de permiso especial y la naturaleza del cargo que ocupa, puede ser removido del mismo, sin que ello signifique que será inmediatamente retirado, en virtud de que no ha perdido su status de funcionario de carrera, es decir, al ser removido del cargo que viene ocupando nace para la administración, a los fines de garantizar su derecho a la estabilidad, la obligación de procurar su reubicación en un cargo de carrera similar o de superior nivel y remuneración al que ocupaba para el momento de su designación en el cargo de libre nombramiento y remoción.

En virtud de las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia en Sala Político-Administrativa, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR el recurso contencioso administrativo de anulación por razones de inconstitucionalidad e ilegalidad interpuesto por el ciudadano OCTAVIO RAFAEL CARANAMA MAITA, titular de la cédula de identidad Nº 3.655.511, contra el artículo 84 del Reglamento de la Ley de Carrera Administrativa, Decreto de la Presidencia de la República Nº 1378 de fecha 15 de enero de 1982 publicado en la Gaceta Oficial Nº 2905 de fecha 18 de enero de 1982, así como los artículos 34, 35 y 103, ordinal 4º del Estatuto de Personal de la Contraloría General de la República dictado mediante Resolución del Contralor General de la República Nº 01-00-00-005 de fecha 28 de febrero de 1997 publicada en la Gaceta Oficial Nº 5.137 Extraordinario de fecha 04 de marzo de 1997; e igualmente equivalente a los artículos 35, 36 y 103, ordinal 4º del Estatuto de Personal de la Contraloría General de la República, dictado mediante Resolución del Despacho del Contralor General de la República Nº C-G-002 de fecha 26 de enero de 1996.