Sentencia N° 2360 Político-Administrativa TSJ 2001: Contraloria General de la República vs Carlos Di Gerónimo Alvarez

La Contraloría General de la República interpuso un recurso de apelación contra una sentencia del Tribunal Superior Segundo de lo Contencioso Tributario que declaró con lugar un recurso contencioso tributario. La Sala Político Administrativa del TSJ examinó la legalidad del procedimiento aplicado por la Contraloría para formular reparos a las rentas declaradas por el contribuyente. La Sala concluyó que el procedimiento seguido por la Contraloría fue legal y que no se vulneraron las garantías del contribuyente.

En virtud de la declaratoria contenida en el fallo recurrido y de las alegaciones formuladas por la apelante, en representación de la Contraloría General de la República, la controversia planteada en el caso sub júdice se circunscribe a examinar y a decidir respecto a la legalidad del procedimiento aplicado por el órgano contralor para formular a cargo del contribuyente el reparo signado Nº DGAC-4-3-054 del 12 de diciembre de 1984, confirmado por su Dirección de Procedimientos Jurídicos mediante la Resolución Nº DGSJ-3-2-272 del 29 de agosto de 1985, y en caso de resultar legalmente aplicado el procedimiento en cuestión, habrá esta alzada de conocer y decidir respecto a la materia de fondo debatida, y al efecto se observa: En este orden de ideas, debe esta Sala pronunciarse en cuanto a si los actos administrativos impugnados fueron dictados por el órgano contralor con “prescindencia total y absoluta del procedimiento legalmente establecido”, o si, por el contrario, se dictaron conforme a la normativa aplicable, a cuyo objeto se debe precisar cuál resultaba ser el instrumento legal que regulaba y determinaba el procedimiento a seguir por dicho organismo para formular reparos a las rentas declaradas por los contribuyentes, una vez advirtiese la falta de pago total o parcial de tributos o de sus accesorios (multas o intereses de mora). En cuanto al primer particular, es pertinente advertir que si bien la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos sanciona con nulidad absoluta los actos de la Administración dictados “con prescindencia total y absoluta del procedimiento legalmente establecido”, la procedencia de la referida sanción jurídica, a tenor de lo dispuesto en el ordinal 4º del articulo 19 de la citada ley, está condicionada a la inexistencia de un procedimiento administrativo legalmente establecido, es decir, a su ausencia total y absoluta.

Por las razones que anteceden, el Tribunal Supremo de Justicia en Sala Político Administrativa, administrando justicia, en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara CON LUGAR la apelación interpuesta por la representante la Contraloría General de la República, contra la sentencia dictada el 19 de septiembre de 1995 por el Tribunal Superior Segundo de lo Contencioso Tributario, la cual se revoca integramente. En consecuencia, declara SIN LUGAR el recurso contencioso tributario interpuesto por el contribuyente Carlos Di Gerónimo Alvarez, contra el acto administrativo contenido en la Resolución Nº DGSJ-3-2-272 del 29 de agosto de 1985; confirmatoria del Reparo Nº DGAC-4-3-054 del 12 de diciembre de 1984, formulado a su cargo por la Contraloría General de la República, por la cantidad de Bs. 183.990,34, en concepto de impuesto sobre la renta.