Sentencia N° 236 Político-Administrativa TSJ 2001: JOSÉ ANTONIO ABREU OÑATE y DAMIÁN LÓPEZ… vs Ministro de la Defensa

La Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia decidió declarar sin lugar la acción de nulidad interpuesta por los ciudadanos JOSÉ ANTONIO ABREU OÑATE y DAMIÁN LÓPEZ SALCEDO contra la Resolución Nº DS-042 del 8 de enero de 1999, que confirmaba su pase a situación de retiro por medida disciplinaria. La decisión se fundamenta en que se cumplieron las formalidades establecidas en la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas y en la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, por lo que no se consideraron vulnerados los derechos de defensa de los recurrentes.

Para decidir la Sala observa: 1. Con relación al Reglamento de Castigos Disciplinarios Nº 6, objetan los recurrentes que el mismo “no adquirió el rango legal (cuando) el Ministerio de la Defensa no le dio cumplimiento a la publicación en la Gaceta Oficial...”, al respecto se observa: De la lectura de las actas procesales se evidencia que al imponérsele la sanción a los recurrentes, se cumplieron las formalidades establecidas en la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, las contempladas en la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos y en el Reglamento de Calificación de Servicios, Evaluación y Ascensos del Personal de Tropa Profesional y Alistados de las Fuerzas Armadas Nacionales; por lo que mal puede considerarse que se hayan violado principios propios de orden constitucional o legal, independientemente de la aplicación del referido Reglamento de Castigos Disciplinarios Nº 6. De manera que de conformidad con lo expuesto, el acto recurrido se encuentra ajustado a derecho y así se declara. 2. Respecto a la incompetencia alegada, referida al órgano que dictó el acto administrativo impugnado, es menester precisar que tal incompetencia se configura cuando una autoridad administrativa determinada dicta un auto para el cual no estaba legalmente autorizada, por lo que debe quedar precisado, de manera clara y evidente, que su actuación infringió el orden de asignación y distribución de las competencias o poderes jurídicos de actuación de los órganos públicos administrativos, consagrado en el ordenamiento jurídico. En el caso de autos, a diferencia de lo señalado por el apoderado de los recurrentes, el artículo 80 de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas Nacionales, vigente para la fecha en que se dictó el acto, faculta al Comandante General de cada fuerza para sancionar a los efectivos militares que se encuentren de servicio bajo su mando. En efecto, establece el indicado artículo que “Cada Comandancia General estará bajo las órdenes del respectivo Comandante General, quién ejercerá el mando, organización, administración e instrucción de su Fuerza y dará cuenta al Ministro de la Defensa” de manera que no puede esta Sala declarar la incompetencia de aquél para dictar el acto cuya nulidad se pretende y así se declara. 3. En cuanto a la presunta violación del procedimiento legal establecido para la realización de los Consejos Disciplinarios, por no haber sido los recurrentes “citados con la debida antelación”, como señala la letra de la Ley, se observa: La expresión “citado con la debida antelación” no debe ser entendida más allá de un tiempo prudencial, según el caso. En el presente, desde el 16 de septiembre de 1996, data en la que ambos efectivos rinden declaración ante el Oficial Instructor de la averiguación, según consta en el expediente administrativo a los folios 75, 76, 78 y 79, bien sabían los recurrentes que existía una averiguación disciplinaria abierta en su contra y el motivo de la misma; de manera que para la fecha del Consejo Disciplinario, esto es, para el 16 de octubre del mismo año, conocían de los hechos por los cuales se les investigaba y que en cualquier momento serían llamados a declarar a fin de esgrimir sus defensas. El derecho a la defensa previsto con carácter general como principio en el citado artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, adoptado y aceptado en la jurisprudencia en materia administrativa, tiene también una consagración múltiple en la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos; la cual precisa en diversas normas, su sentido y manifestaciones. Se regulan así los otros derechos conexos como son: el derecho a ser oído, el derecho a hacerse parte, el derecho a ser notificado, a tener acceso al expediente, a presentar pruebas y a ser informado de los recursos para ejercer la defensa. De manera que, conforme a lo anterior, no puede declarar esta Sala, en el caso de autos, que en el proceso administrativo, la Administración violó el derecho a la defensa de los administrados por no haber sido citados “con la debida antelación o por no tener acceso al expediente administrativo; cuando de los autos se desprende que si en alguna oportunidad, en el curso de la investigación, no se pudo acceder o, como afirman, se les negó tal acceso, no puede hablarse de negación del derecho a la defensa en tanto que fueron notificados, desde la apertura del procedimiento disciplinario hasta el acto recurrido, rindieron declaraciones, tuvieron conocimiento de cada actuación de la Administración, fueron oídos en el Consejo Disciplinario, independientemente de la negativa a firmar el Acta correspondiente, ejerciendo la defensa de sus pretensiones tanto en sede administrativa como en la judicial; por lo cual es forzoso concluir que la Administración no violó el derecho a la defensa de los recurrentes. Así se decide. 4. Por último y respecto a la presunta violación del artículo 107 del Reglamento de Castigos Disciplinarios Nº 6, referida a la prescripción de la facultad de imponer castigos, se observa: La invocada norma dispone que “la facultad de imponer castigos disciplinarios por una falta cometida prescribe a los tres meses en cada caso”. Norma ésta, que evidentemente está dirigida a limitar la discrecionalidad en el ejercicio de la potestad disciplinaria y además, le asegura a sus destinatarios, es decir, a los miembros de la Fuerza Armada Nacional, el que sean sancionados sin excesos por parte de sus superiores jerárquicos o que lo sean en cualquier tiempo después de cometido el hecho a sancionar. Ha señalado la Sala, sin embargo, que independientemente de cuando hayan ocurrido los hechos, a los efectos del lapso de tres meses en que opera la prescripción, ésta no comienza a correr sino a partir de la fecha en que se tuvo conocimiento de la novedad delictual. (Vid. Sentencia Nº SPA- 02.05.00) En consecuencia, en el caso de autos, la averiguación administrativa se abrió en la misma fecha en que se tuvo conocimiento de los hechos objeto de la investigación, esto es, el 16 de septiembre del mismo año, fecha de la denuncia contra los recurrentes. De modo que difícilmente puede considerarse que haya operado la prescripción alegada. Así se declara.

Por las razones expuestas, esta Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR la acción de nulidad interpuesta por el apoderado judicial de los ciudadanos JOSÉ ANTONIO ABREU OÑATE y DAMIÁN LÓPEZ SALCEDO contra la Resolución Nº DS-042 de fecha 8 de enero de 1999 suscrita por el Ministro de la Defensa, confirmatoria de los Resueltos Nos. GN-3086 y GN- 3085, ambos de fecha 16 de septiembre de 1996, emanados del Comandante General de la Guardia Nacional, mediante los cuales se les pasó a situación de retiro por medida disciplinaria. Publíquese, regístrese y comuníquese. Devuélvase el expediente administrativo y archívese el judicial.