Sentencia N° 2334 Político-Administrativa TSJ 2001: Manuel Vicente Parada, Misael Molina Molina… vs Consejo de la Facultad de…

La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre un recurso contencioso administrativo de anulación y amparo constitucional interpuesto por varios ciudadanos contra la decisión del Consejo de la Facultad de Ciencias Forestales y Ambientales de la Universidad de los Andes, que acordó su destitución. La Sala consideró que la apelación era improcedente, ya que no se demostraba que la destitución constituyera una sanción, lo que eximía al ente presuntamente agraviante de abrir un expediente administrativo. Además, se concluyó que la revisión de la estabilidad de los recurrentes requería un análisis de normas legales, lo cual no era posible en esta fase cautelar de amparo.

Observa la Sala en la oportunidad de pronunciarse en torno a la apelación interpuesta, que la denuncia de violación al derecho a la estabilidad de los recurrentes fue desechada por el a quo en virtud de que resultaba menester establecer previamente la cualidad con la que se desempeñaban los accionantes en la Universidad de Andes, lo cual, dado que exigía la revisión de normas de carácter legal, le estaba vedado como tribunal constitucional. Ahora bien, observa la Sala, que efectivamente y tal como acertadamente concluyera el Tribunal remitente, la denunciada violación al derecho a la estabilidad elevada por los accionantes debe desecharse, por cuanto para su verificación sería necesaria la revisión de normas de carácter legal, aunada a una confrontación probatoria entre las partes, tendente a demostrar la cualidad que ostentaban aquéllos dentro de la Universidad de Los Andes; lo cual resulta ajeno al análisis de las violaciones constitucionales propias del procedimiento cautelar de amparo. En efecto, el alegato de los recurrentes de que eran miembros del personal docente ordinario de la Universidad de Los Andes es un hecho controvertido, por cuanto se desprende de autos que los representantes de esa casa de estudios cuestionan que aquéllos hayan ingresado de manera permanente al personal docente; en consecuencia, para determinar si gozaban o no de estabilidad y así poder verificar si se les conculcó ese derecho al destituirlos sin un procedimiento administrativo previo, sería menester entrar a revisar las pruebas presentadas por las partes tendentes a comprobar sus alegaciones, así como examinar las normas legales e incluso de rango sublegal correspondientes, tales como la Ley de Universidades y el Reglamento interno de la Universidad de Los Andes, lo cual, como ha sido señalado en innumerables ocasiones tanto por la doctrina como por la jurisprudencia, es imposible de determinar en un pronunciamiento cautelar de amparo, que supone única y exclusivamente la revisión de violaciones directas de derechos constitucionales. Así previamente se declara.

Por las razones expuestas, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR la apelación interpuesta por los ciudadanos MANUEL VICENTE PARADA, MISAEL MOLINA MOLINA, CARMEN VIOLETA RONDÓN DE VARGAS, JOSÉ DOLORES PÉREZ VALERO, JUAN DAVID CASTELLANOS VALERO, FREDDY DANIEL MATOS, RAPHAEL FREDERIC DULHOSTE VIVIEN Y LUIS FELIPE RONDÓN SULBARÁN, contra la decisión de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, de fecha 16 de agosto de 2000. En consecuencia de lo expuesto se confirma la decisión apelada. Publíquese, regístrese y comuníquese. Remítase el presente expediente al a quo. Cúmplase lo ordenado.