Sentencia N° 231 Político-Administrativa TSJ 2001: Beta Constructores, S. C. vs Instituto Venezolano de LOS Seguros Sociales

La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre la solicitud de medida cautelar de embargo presentada por BETA CONSTRUCTORES, S. C. contra el INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES. La Sala determinó que no se cumplían los requisitos necesarios para la concesión de la medida cautelar, específicamente la presunción grave del derecho reclamado y el peligro de que la ejecución del fallo resultara ilusoria. Por lo tanto, se declaró improcedente la medida cautelar solicitada.

Es criterio de este Alto Tribunal que el poder cautelar debe ejercerse con sujeción estricta a las disposiciones legales que lo confieren, y por ello la providencia cautelar sólo se concede cuando existan en autos, medios de prueba que constituyan presunción grave de la existencia del riesgo manifiesto de quedar ilusoria la ejecución del fallo, así como del derecho que se reclama. Por tal razón es imperativo examinar los requisitos exigidos en el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, esto es, el peligro grave de que resulte ilusoria la ejecución de la decisión definitiva (periculum in mora) y la presunción grave del derecho que se reclama (fumus boni iuris). En cuanto al primero de los requisitos mencionados (periculum in mora), ha sido reiterado pacíficamente por la doctrina y la jurisprudencia, que su verificación no se limita a la mera hipótesis o suposición, sino a la presunción grave del temor al daño por violación o desconocimiento del derecho si éste existiese, bien por la tardanza de la tramitación del juicio, bien por los hechos del demandado durante ese tiempo tendentes a burlar o desmejorar la efectividad de la sentencia esperada. Con referencia al segundo de los requisitos (fumus boni iuris), su confirmación consiste en la existencia de apariencia de buen derecho, pues cuando se acuerda la tutela cautelar no puede prejuzgarse sobre el fondo del asunto planteado. Puede comprenderse entonces como un preventivo cálculo o juicio de probabilidad y verosimilitud sobre la pretensión del demandante; correspondiéndole al Juez analizar los recaudos o elementos presentados junto con el libelo de la demanda, a los fines de indagar sobre la existencia del derecho que se reclama. Aplicando los postulados antes expuestos al examen de la medida cautelar a que se contrae la presente solicitud, debe señalarse, con relación a la presunción de buen derecho, que la actora exige el pago de sumas de dinero derivadas del incumplimiento, por parte del ente contratante, de un contrato de obras, específicamente dos facturas insolutas. Así, de la revisión de las actas que conforman el presente expediente, se pudo constatar, que la representación de la demandante acompañó al libelo los siguientes documentos: a) Las dos facturas que, aducen, están pendientes de pago, signadas con los números 021/99 y 054/99, por concepto del 25% una, y 20% la otra, del monto del contrato suscrito en marzo de 1998 para la realización de la auditoria de personal de las dependencias del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales ubicados en los Estados Aragua y Carabobo, ambas recibidas por dicho organismo. b) Acta de finiquito del “Estudio de Auditoria del Personal de los Estados Aragua y Carabobo”, sólo suscrita por el Director de Beta Consultores. c) Comunicaciones de fechas 18 de junio de 1999, 30 de julio de 1999, 29 de septiembre de 1999, 02 de noviembre de 1999 y 03 de febrero de 2000, 08 de marzo de 2000, 20 de marzo de 2000 y 16 de mayo de 2000, dirigidas, una a la Presidencia del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales y otras a la Dirección General de Recursos Humanos y Dirección General de Consultoría Jurídica del mismo ente administrativo. En dichas misivas, Beta Consultores, S.C., hace referencia a la extemporánea rescisión del contrato por parte del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, informa al referido organismo de los trabajos llevados a cabo con motivo de los contratos a que se alude en autos y del retraso en el pago de los mismos, asimismo le insta a la cancelación de las facturas cuyo cobro hoy se demanda por esta vía. Consta igualmente una carta de fecha 01 de agosto del 2000, donde la contratista refiere la situación arriba descrita a la Defensoría del Pueblo. Como punto previo, estima la Sala debe precisarse de cuál contrato de los suscritos entre las partes intervinientes en el presente proceso, se deriva el incumplimiento alegado para la reclamación de las citadas sumas de dinero; así, de la revisión del expediente y tal como se evidencia en la narrativa del presente fallo, las cantidades demandadas están referidas a dos facturas causadas por trabajos realizados en virtud del contrato suscrito en marzo de 1998, que tenía por objeto realizar la auditoria del personal adscrito a las dependencias del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, ubicadas en la Región Central (Estados Aragua y Carabobo). Precisado lo anterior, resulta entonces irrelevante, a los efectos del estudio de la medida cautelar solicitada, cualquier instrumento producido que haga referencia al contrato celebrado entre las partes, cuyo objeto fue la auditoría de personal de las dependencias del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales ubicadas en las regiones occidental (Estados Falcón, Mérida y Zulia). Ahora bien, de los recaudos acompañados al libelo, observa la Sala, en principio puede evidenciarse: que se suscribió el contrato de obras en referencia, que la contratista aduce haber ejecutado íntegramente el objeto del contrato y que reclama unas sumas de dinero derivadas de dos facturas no canceladas por el ente contratante, lo que supone un incumplimiento por parte del mismo de la convención contractual. Sin embargo, de ninguna manera los documentos acompañados al libelo hacen nacer en la Sala la presunción grave del derecho reclamado, ello en virtud de que en ninguno de ellos puede apreciarse expresa ni aún tácitamente, la aceptación por parte del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, del trabajo realizado por la contratista, ni de la obligación exigida por ella, siendo necesario entonces recurrir a una confrontación probatoria entre las partes, ajena a esta fase cautelar del procedimiento. Por ende, en criterio de la Sala, no hay apariencia de buen derecho suficiente a favor de la demandante; ello en virtud de que los instrumentos aportados no permiten inferir una presunción grave de la existencia del derecho reclamado, sin que de esta forma se prejuzgue sobre el fondo del asunto debatido. En cuanto a la verificación del requisito del periculum in mora, en lo atinente a la solicitud en estudio, para la Sala resulta inoficioso pronunciarse al respecto, pues no se cumplió con el fumus boni iuris, siendo éstas exigencias de obligatoria concurrencia. Al no encontrarse satisfechos los extremos de ley requeridos para el decreto de toda providencia cautelar, resulta imperativo para la Sala el desechar la solicitud de embargo formulada. Así se decide.

Por lo expuesto, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara IMPROCEDENTE LA MEDIDA CAUTELAR DE EMBARGO solicitada por la sociedad civil BETA CONSULTORES, S.C., en el presente juicio seguido contra el INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES. Publíquese, regístrese y comuníquese. Agréguese el cuaderno de medidas al expediente de la causa. Cúmplase lo ordenado.