Sentencia N° 230 Político-Administrativa TSJ 2001: José Manuel Azocar, Lorenzo Rondón, José… vs Comisión Legislativa Regional DEL…

La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre una acción de nulidad interpuesta por los ciudadanos JOSÉ MANUEL AZOCAR, LORENZO RONDÓN y JOSÉ FIGUERA RÍOS contra actos administrativos de la Comisión Legislativa Regional del Estado Anzoátegui. La Sala determinó que la competencia para conocer de la acción corresponde al Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Nor-Oriental, declinando así su propia competencia. La decisión se fundamenta en la revisión de principios constitucionales y jurisprudenciales relacionados con la materia.

Observa la Sala que la acción planteada en autos es de nulidad por razones de ilegalidad e inconstitucionalidad, ejercida conjuntamente con amparo cautelar, contra actos emanados de un órgano estadal, específicamente, contra los actos de efectos particulares de fechas 13 de junio y 01 de agosto de 2000, emanados de la Comisión Legislativa Regional del Estado Anzoátegui, hoy Consejo Legislativo del Estado Anzoátegui, mediante los cuales se decidió abrirles a los recurrentes una averiguación administrativa, restituir parcialmente el pago suspendido de su jubilación y rebajarla excluyendo los conceptos de “bonos y aportes de la Caja de Ahorros” del monto de la pensión. En el caso de autos el Juzgado de Sustanciación admitió la acción propuesta, en atención al criterio establecido en la decisión de la Sala Nº 01155, de fecha 18 de mayo de 2000, caso: Movimiento al Socialismo (M.A.S.) contra Decreto Nº G-195 del Gobernador del Estado Apure, en la cual se expresó lo siguiente: “... quiere dejar asentado esta Sala que de la pretensión principal de la acción conjunta interpuesta, que no es otra que la declaratoria de nulidad de un acto administrativo de efectos generales dictado por una autoridad ‘estadal’ (...omisssis...), pudiera pensarse que la competencia para conocer en primera instancia de la acción en cuestión, le viene atribuida a alguno de los Tribunales Superiores a que hace referencia la disposición transitoria contenida en el artículo 181 de la Ley Orgánica que rige las funciones de este Máximo Tribunal. No obstante, resulta menester destacar que la citada disposición contenida en el artículo 181 de la Ley referida ut supra, expresa en su primer aparte que ‘Cuando la acción o el recurso se funde en razones de inconstitucionalidad, el Tribunal declinará su competencia en la Corte Suprema de Justicia (hoy, Tribunal Supremo de Justicia). En consecuencia, al verificar esta Sala que las acciones interpuestas en los expedientes numerados 0369 y 0370 pretenden la nulidad del Decreto Nro. G-159 emanado del Gobernador del Estado Apure, por presuntas infracciones atentatorias a los derechos constitucionales a la información veraz, a la libertad de prensa, al derecho de rectificación, al derecho de réplica y al derecho de la colectividad de ser informado, así como también se ha impugnado por razones de ilegalidad, es razón por la que, en virtud de lo dispuesto en el único aparte del artículo 266 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con las disposiciones (antes señaladas) de la Ley que rige las funciones de este Máximo Tribunal, esta Sala Político Administrativa, resulta competente para conocer de las acciones conjuntas de nulidad y amparo, contenidas en los expedientes signados con los Nros. 0369 y 0370 y, en este sentido, así se declara.

Por las razones antes expuestas, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLINA LA COMPETENCIA para conocer y decidir la presente causa en el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Nor-Oriental. Publíquese, regístrese y comuníquese. Remítanse las presentes actuaciones junto con oficio al mencionado Tribunal. Cúmplase lo ordenado.