Sentencia N° 227 Político-Administrativa TSJ 2001: Eudomar Cedeño — La improcedencia de la suspensión de efectos del acto…

La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre la solicitud de nulidad del acto administrativo que destituyó al ciudadano Eudomar Cedeño de su cargo como Juez. Se admitió el recurso de nulidad, pero se declaró improcedente la suspensión de efectos del acto impugnado. La Sala argumentó que no se cumplían los requisitos necesarios para la medida cautelar solicitada, específicamente la falta de apariencia de buen derecho y el riesgo de perjuicio irreparable.

Antes de entrar a analizar la procedencia de la medida solicitada, observa la Sala que a los efectos de solicitar la medida cautelar innominada conforme al artículo 588 del Código de Procedimiento Civil, el apoderado del recurrente alega cumplidos los extremos del artículo 136 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia. Al respecto debe señalarse que la figura a que se refiere la Ley que rige las funciones de este Alto Tribunal en su artículo 136, es una medida específica del recurso contencioso administrativo contra actos de efectos particulares, dirigida a obtener la suspensión de los efectos del acto; por tal motivo, como quiera que el solicitante fundó su petición en el artículo 588 del Código de Procedimiento Civil pero a la vez alude al mencionado artículo 136 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, y dado que su petición se contrae a obtener la suspensión de los efectos del acto impugnado, considera la Sala que independientemente de la calificación dada por el solicitante a la tutela cautelar invocada, debe esta última considerarse y tramitarse como una solicitud de suspensión de efectos de conformidad a lo establecido en el artículo 136 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, como de seguida se pasará a examinar. Así previamente se declara. En este orden de ideas, es criterio reiterado de este Alto Tribunal, que la suspensión de efectos de los actos administrativos a que se refiere el artículo 136 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, constituye una medida preventiva establecida por nuestro ordenamiento jurídico, mediante la cual, haciendo excepción al principio de ejecutoriedad del acto administrativo, consecuencia de la presunción de legalidad, se procura evitar lesiones irreparables o de difícil reparación al ejecutarse una eventual decisión anulatoria del acto, porque ello podría constituir un atentado a la garantía del derecho fundamental de acceso a la justicia y al debido proceso.

Por lo expuesto, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara IMPROCEDENTE LA SUSPENSIÓN DE EFECTOS a que se refiere el presente cuaderno de medidas. Publíquese, regístrese y comuníquese. Agréguese copia certificada de la presente decisión a la pieza principal y archívese este cuaderno de medidas. Cúmplase lo ordenado.