Sentencia N° 2253 Político-Administrativa TSJ 2000: Maria Marlene Valderrama, Amada Josefina… vs Adolfo Ramirez Torres, Virginia…

La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre la competencia para conocer de una acción de amparo constitucional interpuesta por varias ciudadanas contra altos funcionarios del gobierno. La Sala determinó que, de acuerdo con la nueva Constitución, la competencia corresponde a la Sala Constitucional, no a la Político-Administrativa. En consecuencia, la Sala NO ACEPTA LA COMPETENCIA que le fue declinada por el Juzgado Quinto de Primera Instancia y la Sala de Casación Civil, ordenando remitir las actuaciones a la Sala Constitucional.

La vigente Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en el último aparte del artículo 266, señala que corresponde a este Supremo Tribunal de Justicia, por intermedio de su Sala Constitucional principalmente, ejercer la jurisdicción constitucional, la cual comprende, entre otros aspectos, la interpretación sobre el contenido y alcance de las normas y principios constitucionales (artículo 335). Consecuencia de ello, constituye la interpretación que del artículo 8 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales debe hacerse, en el sentido de que las acciones de amparo constitucional ejercidas contra el Presidente de la República, los Ministros, el Consejo Nacional Electoral, el Fiscal General de la República, el Procurador General de la República o el Contralor General de la República, esto es, los Altos Funcionarios del gobierno, han de ser tramitadas y decididas en el seno de la Sala Constitucional de este Supremo Tribunal, en virtud de haber sido ésta creada especialmente para conducir la jurisdicción constitucional. Ello evidencia que el criterio de distribución de la competencia en las Salas del Tribunal Supremo por la afinidad de la materia con el derecho denunciado como infringido, a que se refiere el mencionado artículo 8 de la Ley Orgánica de Amparo, queda sin efecto y, en tal sentido, las acciones de amparo constitucional que se propongan en forma autónoma contra los funcionarios señalados en la referida norma serán competencia de la Sala Constitucional.

Por los razonamientos antes expuestos, y visto que en el presente caso se ha ejercido una acción de amparo constitucional contra de los ciudadanos ADOLFO RAMIREZ TORRES, GOBERNADOR DEL DISTRITO FEDERAL, VIRGINIA OLIVO DE CELLI, MINISTRA DE LA FAMILIA, SILVIA DE LAURIA, PRESIDENTA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL MENOR, LAURA CASTILLO DE GURFINKEL, MINISTRA DE EDUCACION, FRANCISCO MONTBRUN, MINISTRO DE SANIDAD y CESAR QUINTANA ROMERO, MINISTRO DE DESARROLLO URBANO, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia, en nombre de la República y por autoridad de la Ley NO ACEPTA LA COMPETENCIA que le fuera declinada en primer lugar por el Juzgado Quinto de Primera Instancia en lo Civil de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda y finalmente, por la Sala de Casación Civil de este Supremo Tribunal, por corresponder el conocimiento y decisión de la presente causa, a la Sala Constitucional de este Supremo Tribunal. Publíquese, regístrese y comuníquese. Remítase las presentes actuaciones junto con oficio a la mencionada Sala. Cúmplase lo ordenado.