Sentencia N° 2246 Político-Administrativa TSJ 2001: Milena Noguera vs Consejo de la Judicatura — Declinatoria de competencia en…

La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en virtud de la acción de amparo constitucional interpuesta por los abogados de Milena Noguera, decide declinar la competencia a la Sala Constitucional. La decisión se fundamenta en la falta de competencia de la Sala Político-Administrativa para conocer del caso, dado que se trata de una acción autónoma de amparo contra una decisión del Tribunal Disciplinario del Consejo de la Judicatura. La Sala recuerda que la jurisdicción constitucional es ejercida por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia.

Para decidir, la Sala observa: El 15 de diciembre de 1999, fue aprobada por referendo, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, dicho Texto Fundamental dispone expresamente en su artículo 262, la creación del Tribunal Supremo de Justicia, así como de las distintas Salas que lo integran, dentro de las cuales se encuentra la ya constituida Sala Constitucional. La vigente Constitución otorga, en forma expresa, ciertas competencias a sus distintas Salas, y deja a cargo de la respectiva ley orgánica la distribución del resto de las mismas, no atribuidas expresamente por ella; dicha ley orgánica deberá ser aprobada por la Asamblea Nacional, dentro del primer año contado a partir de su instalación, conforme a lo previsto en el numeral 5 de la Disposición Transitoria Cuarta de la nueva Carta Magna. A los fines de mantener el funcionamiento integral del Estado en todos sus poderes, debe este Supremo Tribunal continuar con su labor de máximo administrador de justicia; así, aún cuando no exista hasta el presente la aludida ley orgánica reguladora de sus funciones, las distintas Salas se encuentran con la necesidad y el deber de conocer y decidir todos aquellos casos que cursaban ante la extinta Corte Suprema de Justicia, así como aquellos que ingresen, atendiendo principalmente al criterio de la afinidad que exista entre la materia debatida en cada caso concreto y la especialidad de cada una de las Salas. El vigente Texto Fundamental establece en el último aparte de su artículo 266, que la jurisdicción constitucional será ejercida por la Sala Constitucional de este Tribunal Supremo de Justicia. Siguiendo los razonamientos antes expuestos, y visto que la presente causa se concreta a una acción autónoma de amparo interpuesta por los apoderados judiciales de la ciudadana MILENA NOGUERA, de conformidad con lo establecido en los artículos 1, 2, 5, 7 y 8 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, contra la decisión dictada por el Tribunal Disciplinario del extinto Consejo de la Judicatura en fecha 9 de noviembre de 1998, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia no es la competente para conocer del presente asunto, tal como se señaló en sentencia de fecha 17 de febrero del año 2000, signada con el Nº 152, y conforme al criterio sentado por la Sala Constitucional de este Alto Tribunal en decisión de fecha 20 de enero del 2000, caso EMERY MATA MILLÁN.

En virtud de lo antes expuesto, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLINA LA COMPETENCIA en la Sala Constitucional de este Alto Tribunal para conocer y decidir la acción de amparo constitucional interpuesta por los abogados Carlos Miguel Escarrá Malavé, Fernando José Escarrá, Oscar Emilio Chinea León, Alicia Monagas Borges, Gustavo Martínez Morales y Geraldine López Blanco, actuando en su carácter de apoderados judiciales de la ciudadana MILENA NOGUERA, de conformidad con lo establecido en los artículos 49 y 50 de la Constitución de la República de 1.961 en concordancia con los artículos 1, 2, 5, 7 y 8 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, contra la decisión de fecha 9 de noviembre de 1998, dictada por el Tribunal Disciplinario del extinto Consejo de la Judicatura, que acordó iniciarle el procedimiento disciplinario a su representada. Publíquese, regístrese y comuníquese. Remítanse las presentes actuaciones junto con oficio a la mencionada Sala. Cúmplase lo ordenado.