Sentencia N° 2243 Político-Administrativa TSJ 2001: Coopers & Lybrand Consulting, S.A. vs República Bolivariana de Venezuela

La Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre una cuestión previa opuesta por la Procuraduría General de la República en un caso de daños y perjuicios contra la República Bolivariana de Venezuela. La cuestión se centró en la ilegitimidad de la persona citada como representante del demandado, argumentando que la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) es un instituto autónomo con personalidad jurídica propia, distinta a la República. La Sala determinó que, dado que la parte recurrente aceptó la falta de cualidad de la República para ser demandada y solicitó la citación del representante de CONATEL, no había materia sobre la cual decidir respecto a la cuestión previa. En consecuencia, se ordenó que la parte demandada señalara quién es el representante legal de CONATEL para continuar con el proceso. Finalmente, la Sala declaró que no tenía materia sobre la cual decidir respecto de la cuestión previa opuesta y ordenó remitir el expediente al Juzgado de Sustanciación.

En el presente caso, los apoderados judiciales de la sociedad mercantil COOPERS & LYBRAND CONSULTING, S.A., interpusieron demanda por daños y perjuicios contra la República Bolivariana de Venezuela, por órgano del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, a través de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), por el supuesto incumplimiento en las obligaciones de pago derivadas de un contrato suscrito entre ambas partes para que la demandante realizara el análisis y revisión de la estructura de costos asociados a los Servicios de Telecomunicaciones del Modelo Price Cap y del Rebalanceo de Tarifas establecidas en el Contrato de Concesión celebrado entre la República y CANTV. Así pues, observa la Sala que la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, publicada en la Gaceta Oficial Nº 36.970 de fecha 12 de junio de 2000, en su artículo 35, establece: “La Comisión Nacional de Telecomunicaciones es un instituto autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio e independiente del Fisco Nacional, con autonomía técnica, financiera, organizativa y administrativa de conformidad con esta Ley y demás disposiciones aplicables. La Comisión Nacional de Telecomunicaciones estará adscrita al Ministerio de Infraestructura a los efectos del control de tutela administrativa.” De la norma antes transcrita, resulta evidente para esta Sala, que la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), es ahora un Instituto Autónomo, con personalidad jurídica propia, distinta a la República. De tal manera que, si bien es cierto que con anterioridad a dicha Ley, el mencionado organismo era un servicio autónomo, sin personalidad jurídica, en la actualidad ostenta su propia representación, y visto que el presente caso, versa sobre un contrato suscrito con ocasión del servicio de telecomunicaciones con dicho Instituto, resulta evidente, y así lo han afirmado los apoderados actores, que la legitimación pasiva en este juicio, corresponde a la misma Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), y no a la República.

Con fundamento en lo expuesto, esta Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara que NO TIENE MATERIA SOBRE LA CUAL DECIDIR respecto de la cuestión previa opuesta por las abogadas Silvana A. Gómez Mercado y María Eugenia Lazo Parra, actuando con el carácter de representantes de la Procuraduría General de la República, prevista en el ordinal 4º del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, relativa a la ilegitimidad de la persona citada como representante del demandado. En consecuencia, a los efectos de la citación del demandado, la parte demandada deberá señalar a esta Sala quien es el representante legal de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 215 del Código de Procedimiento Civil, aplicable supletoriamente en virtud de lo dispuesto en el artículo 88 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia. Así se declara.