Sentencia N° 224 Político-Administrativa TSJ 2001: Esperanza Marin Coll vs Blanca Cartea DEU — Regulación de jurisdicción en…

La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre la jurisdicción para conocer la acción de desalojo interpuesta por la ciudadana Esperanza Marín Coll contra Blanca Cartea Deu. Se determinó que el Poder Judicial tiene jurisdicción para conocer y decidir la causa, dado que el acto administrativo que autorizó el desalojo carece de ejecutoriedad. La Sala confirmó la decisión del a quo que declaró sin lugar la cuestión previa de falta de jurisdicción opuesta por la demandada.

La doctrina de esta Sala, que nuevamente se reitera en esta oportunidad, es que corresponde a los órganos del Poder Judicial conocer asuntos como el de autos debido a que, cuando la Administración emite un acto autorizatorio para proceder al desalojo de un inmueble, este acto simplemente lo que hace es permitir al arrendador para que acuda ante la jurisdicción ordinaria y en ningún momento constituye obligación alguna de desalojar por parte de la misma Administración de la cual emana el acto. Ahora bien, por tener el acto emanado de la Dirección General Sectorial de Inquilinato, Unidad Legal del Ministerio de Fomento, ahora Ministerio de Producción y Comercio, carácter autorizatorio, el mismo carece de ejecutoriedad, lo que le impide a la autora del mismo proceder a exigir su cumplimiento, correspondiéndole, por el contrario, al Poder Judicial la jurisdicción para resolver sobre su ejecución. Este criterio jurisprudencial ha sido reiterado en diversos casos, tales como la sentencia Nº 461 de fecha 11 de julio de 1996, caso: Francisco Lugo Porras vs. Brunilda Caripe; y en la sentencia de fecha 30 de julio de 1991, caso: Daniel López Peitiao vs. Rafael Zamora Ortiz; por tanto, en casos como el de autos el Poder Judicial tiene jurisdicción para conocer y decidir la causa. Así se declara.

Por las razones antes expuestas, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia, en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara que el Poder Judicial SI TIENE JURISDICCION para conocer la acción intentada. Se confirma la decisión emitida por el a quo en fecha 23 de enero de 2001. Asimismo, de conformidad con el artículo 76 del Código de Procedimiento Civil, se impone multa a la parte demandada, por el monto de CINCO MIL BOLÍVARES (Bs. 5.000,oo), en razón de haber interpuesto una solicitud de regulación de jurisdicción manifiestamente infundada, comisionándose para su ejecución al tribunal de la causa. Igualmente, la Sala considera que en el presente caso existen fundados indicios de que el abogado Gilberto Caraballo Chacín, titular de la cédula de identidad N° 675.271, ha incurrido en faltas a los deberes procesales de lealtad y probidad, al solicitar la referida regulación de jurisdicción, con manifiesta ausencia de fundamento jurídico, obstaculizando de manera ostensible el desenvolvimiento normal del proceso, conductas previstas y sancionadas en los artículos 17 y 170 del Código de Procedimiento Civil; en consecuencia, se ordena expedir por Secretaría, copia certificada del presente fallo para ser remitido al Tribunal Disciplinario del Colegio de Abogados del Distrito Federal, a fin de que esta institución gremial provea lo que juzgue conducente, con relación a su responsabilidad ética y disciplinaria, debiendo informar a esta Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia el resultado de sus gestiones. Publíquese, regístrese y comuníquese. Remítase el expediente al tribunal de origen. Cúmplase lo ordenado.