Sentencia N° 2231 Político-Administrativa TSJ 2000: Constructora Giandi, C.A. vs Centro Simón Bolívar C.A.

La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre la ejecución de una sentencia dictada el 01 de julio de 1999, que había declarado sin lugar una demanda por resolución de contrato y había condenado al Centro Simón Bolívar C.A. a pagar a Constructora Giandi, C.A. una indemnización. La Sala resolvió sobre la solicitud de aclaratoria y ampliación de la sentencia, declarando improcedente la impugnación de la experticia realizada por el Banco Central de Venezuela y ordenando la ejecución voluntaria de la sentencia, fijando un plazo para su cumplimiento. Se corrigió un error en la sentencia original respecto a la aplicabilidad de un decreto relacionado con la indemnización.

La figura de la llamada aclaratoria de las sentencias se encuentra contemplada en el artículo 252 del Código de Procedimiento Civil, el cual dispone: “Artículo 252: Después de pronunciada la sentencia definitiva o la interlocutoria sujeta a apelación, no podrá revocarla ni reformarla el Tribunal que la haya pronunciado. Sin embargo, el Tribunal podrá, a solicitud de parte, aclarar los puntos dudosos, salvar las omisiones y rectificar los errores de copia, de referencias o de cálculos numéricos, que aparecieren de manifiesto en la misma sentencia, o dictar ampliaciones, dentro de tres días, después de dictada la sentencia, con tal de que dichas aclaraciones y ampliaciones las solicite alguna de las partes el día de la publicación o en el siguiente. Respecto al alcance de dicha disposición, se ha establecido que alude a la posibilidad jurídica de hacer correcciones a las sentencias, por medios específicos, siendo tales medios de corrección: las aclaratorias, las salvaturas, las rectificaciones y las ampliaciones; teniendo cada uno de ellos finalidades distintas conforme a las deficiencias que presenten las sentencias (ver sentencia N° 186, de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia de fecha 17 de febrero de 2000). Así, cada uno de los medios de corrección de la sentencia, presenta su propia especificidad procesal, a pesar de que frecuentemente se les trate uniformemente, creándose así confusiones que pueden impedir el cabal conocimiento y decisión de la solicitud.

1.- SIN MATERIA SOBRE LA CUAL DECIDIR en los puntos 1 y 2 de la solicitud de “aclaratoria o ampliación” del fallo dictado por la Sala Político-Administrativa de la extinta Corte Suprema de Justicia. 2.- Se corrige el error en que se incurrió en la página 22 de la referida sentencia en relación a la aplicabilidad del Decreto Nº 1802 publicado en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela Nº 3.111 Extraordinario, en fecha 18 de marzo de 1983. 3.- IMPROCEDENTE la impugnación de la experticia realizada por el Banco Central de Venezuela en fecha 03 de agosto de 1999. 4.- DECRETA LA EJECUCIÓN VOLUNTARIA de la sentencia publicada en fecha 01 de julio de 1999 y registrada bajo el Nº 775, de la cual forma parte la experticia complementaria al fallo practicada por el Banco Central de Venezuela, de conformidad con lo establecido en el artículo 524 del Código de Procedimiento Civil.