Sentencia N° 223 Político-Administrativa TSJ 2001: Proyectos, Electricidad y Construcciones… vs Centro Simón Bolívar, C.A.

La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia acepta la competencia para conocer de la demanda por resolución de contrato y cobro de bolívares interpuesta contra la sociedad mercantil Centro Simón Bolívar, C.A. El juzgado de origen se declaró incompetente, argumentando que la causa debía ser conocida por esta Sala debido a la cuantía y la naturaleza del ente demandado. La Sala verifica que se cumplen los requisitos establecidos en la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia para aceptar la competencia.

La norma arriba transcrita establece un régimen especial de competencia a favor de la Sala Político Administrativa, en todas aquellas acciones intentadas, que cumplan con las tres condiciones contempladas en la misma, a saber: 1) Que se demande a la República, a algún Instituto Autónomo o empresa en la cual el Estado tenga participación decisiva; 2) Que la acción incoada tenga una cuantía superior a cinco millones de bolívares (Bs. 5.000.000,oo); y 3) Que el conocimiento de la causa no esté atribuido a ninguna otra autoridad, entendiendo con ello que la norma bajo análisis constituye una derogatoria de la jurisdicción civil y mercantil, que es la jurisdicción ordinaria, pero no de las otras jurisdicciones especiales, tales como la Laboral, del Tránsito o Agraria. Debe la Sala entonces, analizar si la acción incoada cumple o no con las condiciones antes descritas, y en tal sentido observa: En primer término, las sociedad mercantil demandada es el Centro Simón Bolívar, C.A., la cual es una empresa del Estado, según se evidencia de sus estatutos y según se ha dispuesto en reiterada jurisprudencia de la Sala (ver sentencia N° 504 de la S.P.A, de fecha 16 de marzo de 2000), con lo cual se considera satisfecho el primer requisito arriba señalado. En segundo término, se observa que la demanda ha sido estimada en cuatrocientos cuarenta y un millones trescientos treinta y tres mil doscientos doce bolívares con noventa y cuatro céntimos (Bs. 441.333.219,94), cantidad ésta que excede del límite mínimo de cinco millones de bolívares establecido por la norma. Por último, con respecto al tercer requisito, se observa que la acción incoada es una demanda por resolución de contrato de obra y cobro de bolívares, la cual se tramita por el procedimiento ordinario establecido en el Código de Procedimiento Civil, con lo cual se considera satisfecha la tercera circunstancia de que la acción no esté atribuida a ninguna otra autoridad. Así se declara.

Atendiendo a los razonamientos expresados, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ACEPTA la competencia para conocer y decidir el presente caso; y ORDENA remitir la presente causa al Juzgado de Sustanciación, a los fines de que se pronuncie sobre la admisión de la acción propuesta, con prescindencia de la competencia ya aceptada. Publíquese, regístrese y comuníquese. Cúmplase lo ordenado.