Sentencia N° 2229 Político-Administrativa TSJ 2000: Yogore, S.A. vs Ministro DEL Ambiente y de LOS Recursos…

La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia declara sin lugar el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto por la sociedad mercantil YOGORE, S.A. contra la Resolución RI/572 del 19 de noviembre de 1996, emanada del Ministro del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables. La decisión se basa en que la oposición presentada por un tercero no fue formulada dentro del lapso legal y que la Administración actuó conforme a derecho al no otorgar nuevos permisos hasta que se diluciden los derechos en conflicto.

La Sala observa que el acto recurrido está viciado de nulidad por carecer de base legal, específicamente por haber interpretado erróneamente la disposición que constituye su fundamento de derecho. En este sentido, se precisa que la oposición debe formularse en el curso de un procedimiento, dentro del lapso legal y antes de la concesión del permiso. En el caso de autos, la oposición fue presentada cuando ya se había otorgado la autorización para efectuar labores de remoción de suelos y construcción de laguna y carretera. Por lo tanto, la Sala desestima las denuncias relativas a la ausencia de base legal y falso supuesto de derecho por errada fundamentación jurídica.

La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto conjuntamente con acción de amparo por los abogados ALBERTO BAUMEISTER TOLEDO, ALLAN R. BREWER-CARIAS, ARMIDA QUINTANA MATOS y MARIA A. CORREA M., en su carácter de apoderados judiciales de la sociedad mercantil YOGORE, S.A., contra el acto contenido en la Resolución RI/572, del 19 de noviembre de 1996, emanada del MINISTRO DEL AMBIENTE Y DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES. Se deja sin efecto el amparo cautelar acordado mediante decisión de 3 de febrero de 1998. Notifíquese al ciudadano Procurador General de la República y al Ministro del Ambiente y de los Recursos Naturales. Devuélvase a este último el expediente administrativo.