Sentencia N° 2214 Político-Administrativa TSJ 2000: Municipio SAN Sebastián de LOS Reyes DEL… vs Francisco Pérez León, Yolanda…

La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre las cuestiones previas interpuestas en un juicio de cumplimiento de contrato de concesión. Se declaró improcedente la reposición de la causa solicitada por la parte demandada y se consideraron sin lugar las cuestiones previas de defecto de forma opuestas por el apoderado judicial de la parte demandada. La Sala determinó que la parte actora había subsanado las deficiencias señaladas en la demanda, cumpliendo con los requisitos establecidos en el Código de Procedimiento Civil.

Vistos los alegatos aportados por ambas partes, corresponde a la Sala pronunciarse acerca de las cuestiones previas interpuestas por la representación judicial de la parte demandada, abogado Miguel Toro García. 1.- Observa la Sala que la parte demandada opone la cuestión previa contenida en el ordinal 6º del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, relativa a “El defecto de forma de la demanda, por no haberse llenado en el libelo los requisitos que indica el artículo 340...”; alegando que en este caso, que el libelo no cumple con el ordinal 4º del artículo 340 del Código de Procedimiento Civil, el cual se refiere a “El objeto de la pretensión, el cual deberá determinarse con precisión, indicando su situación y linderos, si fuere inmueble; las marcas, colores, o distintivos si fuere semoviente; los signos, señales y particularidades que puedan determinar su identidad, si fuere mueble; y los datos, títulos y explicaciones necesarios si se tratare de derechos u objetos incorporales”, en razón de que, en su decir, el actor no precisó o explicó la pretensión sino que se limitó a estimar unos daños y perjuicios en QUINIENTOS MILLONES DE BOLÍVARES (Bs.500.000.000,oo), sin determinar, ni definir cuál es la manera de determinar la prestación que aspira. Con respecto a esta cuestión previa, los apoderados judiciales de la parte actora procedieron a subsanarla, indicando la ubicación y los linderos del bien inmueble objeto del contrato de concesión, según se evidencia del folio ciento ochenta y ocho (188) de la segunda pieza de este expediente. Pasa esta Sala a pronunciarse sobre la subsanación realizada por los apoderados judiciales de la parte actora, y a tal fin observa: En el escrito de cuestiones previas se evidencia que el apoderado judicial de la parte demandada, confunde lo que es la pretensión procesal con el bien a que se refiere la pretensión. En decisión de esta Sala, signada con el número 1.812 de fecha 3 de agosto de 2000, se expresó lo siguiente: “En la estructura del ordenamiento jurídico, está concebida la acción procesal como el medio para acceder a la función jurisdiccional, cuando existe la necesidad de satisfacer pretensiones jurídicas. Si se entiende la acción procesal como un derecho a la jurisdicción, debe precisarse que ella es un presupuesto lógico de todo derecho, dado su carácter de medio o instrumento jurídico para lograr, por intermedio de los órganos jurisdiccionales, el goce y ejercicio pleno de todos los demás derechos. Esta necesaria relación de medio a fin, permite calificar a la acción como un derecho especial o de segundo nivel, es decir, un auténtico metaderecho, frente a todos los demás derechos del ordenamiento jurídico. Este especial derecho de acción procesal está previsto y garantizado expresamente en la vigente Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su artículo 26, en los siguientes términos: “Toda persona tiene derecho de acceso a los órganos de administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses, incluso los colectivos o difusos; a la tutela efectiva de los mismos y a obtener con prontitud la decisión correspondiente. (omissis)”. Cuando se interpone ante el órgano jurisdiccional una demanda, en la misma, se hace valer la acción procesal y en ella se deduce la pretensión. La pretensión, es el elemento fundamental de este especial derecho de acción. La pretensión se evidencia cuando una persona, afirmándose titular de un derecho insatisfecho, pide a los órganos jurisdiccionales se le otorgue la necesaria tutela judicial”.

1.- IMPROCEDENTE la reposición de la causa solicitada por el apoderado judicial de la parte demandada, ciudadanos Francisco Pérez León, Yolanda García de Toro Alayon, Cecilia Toro García de Quintero, Ricardo Toro García, Yolanda Toro García de Bello, Gonzalo Toro García y Miguel Toro García, en fecha 9 de marzo de 2000. Se CONFIRMA así el auto dictado por el Juzgado de Sustanciación, en fecha 26 de abril de 2000. 2.- SIN LUGAR la cuestión previa de defecto de forma opuesta por el apoderado judicial de la parte demandada ciudadanos Francisco Pérez León, Yolanda García de Toro Alayon, Cecilia Toro García de Quintero, Ricardo Toro García, Yolanda Toro García de Bello, Gonzalo Toro García y Miguel Toro García, prevista en el ordinal 6º del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, relativa a los ordinales 4º, 6º y 7º del artículo 340 eiusdem. Se condena en costas a la parte demandada, ciudadanos Francisco Pérez León, Yolanda García de Toro Alayon, Cecilia Toro García de Quintero, Ricardo Toro García, Yolanda Toro García de Bello, Gonzalo Toro García y Miguel Toro García, de conformidad con las previsiones contenidas artículos 357, 274 y 281 del Código de Procedimiento Civil, disposiciones que resultan aplicables por remisión expresa que se hace en el artículo 88 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia. Publíquese, regístrese y comuníquese. Remítanse las presentes actuaciones al Juzgado de Sustanciación a los fines de que se continúe tramitando el procedimiento, previa notificación de las partes. Cúmplase lo ordenado.