Sentencia N° 2207 Político-Administrativa TSJ 2000: INDUSTRIA VENEZOLANA DE ALUMINIO, C.A.… vs Productos Industriales Venezolanos…

La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre la jurisdicción para conocer de la quiebra solicitada por las sociedades mercantiles INDUSTRIA VENEZOLANA DE ALUMINIO, C.A. y HAZELETT STRIP-CASTING CORPORATION contra PRODUCTOS INDUSTRIALES VENEZOLANOS S.A. La Sala determinó que corresponde a los tribunales venezolanos la jurisdicción para decidir sobre el caso, confirmando el fallo del 07 de agosto de 2000 del Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Agrario del Estado Bolívar.

En primer término, observa la Sala que, contrario a lo afirmado por el apoderado judicial de la sociedad mercantil INDUSTRIA VENEZOLANA DE ALUMINIO C.A. (CVG-VENALUM) en el escrito consignado ante esta Sala el 28 de septiembre de 2000, el presente expediente fue remitido a este Alto Tribunal en virtud del recurso de regulación de jurisdicción ejercido oportunamente el 08 agosto de 2000 contra la decisión del 07 del mismo mes y año, por la sociedad mercantil PRODUCTOS INDUSTRIALES VENEZOLANOS S.A. (PIVENSA), que cursa desde el folio cuatrocientos sesenta hasta el cuatrocientos sesenta y cuatro; y no para que fuese consultado dicho fallo, el cual, como se ha señalado, se pronunció acerca de la falta de jurisdicción alegada por la demandada. Lo anterior también se deduce del último párrafo de la decisión, en el cual se ordena enviar el expediente a este Máximo Tribunal “a los fines de la consulta suspendiéndose el procedimiento hasta que se decida la regulación de jurisdicción”. Precisado lo anterior, se observa: En reiterada, constante y pacífica jurisprudencia ha sostenido la Sala que existe falta de jurisdicción o defecto de jurisdicción cuando el conocimiento de una controversia no atañe al Poder Judicial venezolano, bien por corresponder su conocimiento a los órganos de la Administración Pública o a un juez extranjero. En el presente caso ha sido planteada la falta de jurisdicción de los tribunales venezolanos de acuerdo al último de los supuestos mencionados. En efecto, se desprende del expediente que ha sido solicitada la declaratoria de quiebra de PRODUCTOS INDUSTRIALES VENEZOLANOS S.A. (PIVENSA) por una sociedad mercantil domiciliada en el territorio nacional, INDUSTRIA VENEZOLANA DE ALUMINIO C.A. (CVG-VENALUM), y otra domiciliada fuera del mismo; factor foráneo este último que impone al juzgador analizar el asunto a la luz del Derecho Internacional Privado con el fin de precisar la jurisdicción o competencia procesal internacional para proveer sobre lo demandado, debiendo procederse a la revisión de las fuentes del Derecho Internacional Privado previstas en el artículo 1º de la nueva Ley de Derecho Internacional Privado, publicada en la Gaceta Oficial Nº 36.511, del 06 de agosto de 1998, vigente a partir del 06 de febrero de 1999, cuyo texto establece: “Artículo 1. Los supuestos de hecho relacionados con los ordenamientos jurídicos extranjeros se regularán, por las normas de Derecho Internacional Público sobre la materia, en particular, las establecidas en los tratados internacionales vigentes en Venezuela; en su defecto, se aplicarán las normas de Derecho Internacional Privado venezolano; a falta de ellas, se utilizará la analogía y, finalmente, se regirán por los principios de Derecho Internacional Privado generalmente aceptados.”

En virtud de lo anteriormente expuesto, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara que corresponde a los tribunales venezolanos la jurisdicción para conocer y decidir sobre la quiebra demandada por las sociedades mercantiles INDUSTRIA VENEZOLANA DE ALUMINIO, C.A. (C.V.G. VENALUM) y HAZELETT STRIP-CASTING CORPORATION en contra de la sociedad mercantil PRODUCTOS INDUSTRIALES VENEZOLANOS S.A. (PIVENSA). En consecuencia, se confirma el fallo del 07 de agosto de 2000, emanado del Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Agrario del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, a cuya sede se ordena devolver el expediente a los fines legales consiguientes. Publíquese, regístrese y notifíquese. Cúmplase lo ordenado.