Sentencia N° 2203 Político-Administrativa TSJ 2000: Empacando, C.A. vs Ministerio de la Producción y el Comercio

La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre la solicitud de medida cautelar innominada presentada por la sociedad EMPACANDO, C.A. contra el Ministerio de la Producción y el Comercio. La solicitud se fundamentó en la necesidad de ordenar el despacho de rubros alimenticios pendientes de entrega, alegando incumplimiento contractual por parte del Ministerio. La Sala evaluó los requisitos de procedencia de la medida cautelar, destacando la falta de presunción grave del derecho reclamado y el peligro de que la ejecución del fallo resultara ilusoria.

Es criterio de este Alto Tribunal que el poder cautelar debe ejercerse con sujeción estricta a las disposiciones legales que lo confieren, y por ello la providencia cautelar sólo se concede cuando existan en autos, medios de prueba que constituyan presunción grave de la existencia del riesgo manifiesto de quedar ilusoria la ejecución del fallo, así como del derecho que se reclama. Por tal razón es imperativo examinar los requisitos exigidos en el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, esto es, el peligro grave de que resulte ilusoria la ejecución de la decisión definitiva (periculum in mora) y la presunción grave del derecho que se reclama (fumus boni iuris). En cuanto al primero de los requisitos mencionados (periculum in mora), ha sido reiterado pacíficamente por la doctrina y la jurisprudencia, que su verificación no se limita a la mera hipótesis o suposición, sino a la presunción grave del temor al daño por violación o desconocimiento del derecho si éste existiese, bien por la tardanza de la tramitación del juicio, bien por los hechos del demandado durante ese tiempo tendentes a burlar o desmejorar la efectividad de la sentencia esperada. Con referencia al segundo de los requisitos (fumus boni iuris), su confirmación consiste en la existencia de apariencia de buen derecho, pues cuando se acuerda la tutela cautelar no puede prejuzgarse sobre el fondo del asunto planteado. Puede comprenderse entonces como un preventivo cálculo o juicio de probabilidad y verosimilitud sobre la pretensión del demandante; correspondiéndole al Juez analizar los recaudos o elementos presentados junto con el libelo de la demanda, a los fines de indagar sobre la existencia del derecho que se reclama.

Por lo expuesto, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara IMPROCEDENTE LA MEDIDA CAUTELAR INNOMINADA a que se refiere el presente cuaderno de medidas, consistente en que se exija a la Oficina Coordinadora del Sistema Nacional Integrado PROAL, dependiente del Ministerio de Agricultura y Cría, ahora Ministerio de la Producción y el Comercio, ordenar el despacho a los distintos Estados y Municipios de los rubros a que se refieren las concertaciones Nos. XI, XII y XIII, de fechas 13 de julio y 22 de septiembre de 1998, y 21 de enero de 1999, aún pendientes de entrega, entre tanto se resuelva el fondo del asunto.