Sentencia N° 2199 Político-Administrativa TSJ 2000: Radios Unidas, C.A. vs CORPORACIÓN VENEZOLANA DE FOMENTO y RADIO…

La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia declaró improcedente la solicitud de ejecución de sentencia presentada por la abogada Mariolga Quintero, apoderada judicial del Fondo de Inversiones de Venezuela. La decisión se basa en que la demandante no precisó en qué consistía la ejecución demandada y que la tramitación pendiente contaba con un procedimiento propio distinto al establecido en el Código de Procedimiento Civil. La Sala había declarado sin lugar la demanda de nulidad de remate y reivindicación presentada por Radios Unidas, C.A., condenando en costas a la demandante por haber resultado vencida.

El dispositivo del fallo cuya ejecución se solicita dispone textualmente lo siguiente: “Por lo expuesto, esta Sala Político-Administrativa de la Corte Suprema de Justicia, en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara CON LUGAR la excepción de inadmisibilidad de falta de cualidad de la actora, Radios Unidas C.A. para intentar la presente demanda en contra de la Corporación Venezolana de Fomento y Radios Estudios Producciones C.A., opuesta por éstas junto con la contestación al fondo de la demanda, conforme al artículo 261 del Código de Procedimiento Civil derogado, pero vigente para la época, y por consiguiente declara SIN LUGAR dicha demanda que por nulidad de remate, de venta de cosa ajena y por reivindicación de daños y perjuicios, intentó la prenombrada demandante en contra de las indicadas codemandadas. Se condena en las costas del juicio a la demandante, por haber resultado vencida totalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 172 del Código de Procedimiento Civil vigente para la época”.

Consecuente con lo anteriormente expuesto, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara IMPROCEDENTE la solicitud de ejecución de sentencia presentada por la abogada Mariolga Quintero Tirado, apoderada judicial del Fondo de Inversiones de Venezuela. Publíquese, regístrese y comuníquese. Cúmplase lo ordenado.