Sentencia N° 2180 Político-Administrativa TSJ 2001: Graciela Manzano de Velásquez vs Instituto Postal Telegráfico de Venezuela…

La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre la solicitud de regulación de competencia planteada por los apoderados del Instituto Postal Telegráfico de Venezuela (IPOSTEL) en relación a un recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto por Graciela Manzano de Velásquez. Se determinó que el tribunal competente para conocer del recurso es la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, dado que el Instituto es un ente autónomo y la materia corresponde a dicha jurisdicción. La Sala observó que tanto el Tribunal de la Carrera Administrativa como el Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Trabajo se habían declarado incompetentes para conocer del caso, lo que llevó a la necesidad de plantear el conflicto negativo de competencias ante el Tribunal Supremo. Se concluyó que el conocimiento del recurso de nulidad y la medida cautelar de amparo constitucional corresponde a la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo. Finalmente, se ordenó remitir el expediente al tribunal competente para que decida sobre la solicitud cautelar de amparo constitucional interpuesta por la recurrente.

Corresponde a esta Sala pronunciarse sobre la solicitud de regulación de competencia planteada por los apoderados judiciales del Instituto Postal Telegráfico de Venezuela (IPOSTEL), con ocasión del recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto conjuntamente con medida cautelar de amparo constitucional por la ciudadana Graciela Manzano de Velásquez. De la revisión de los hechos expuestos, se observa que en fecha 14 de agosto de 2000, el Tribunal de la Carrera Administrativa se declaró incompetente para conocer del recurso de nulidad interpuesto. Asimismo, en fecha 27 de octubre de 2000, el Tribunal Cuarto de Primera Instancia del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas declaró, igualmente, su incompetencia para conocer del recurso de nulidad interpuesto conjuntamente con medida cautelar de amparo constitucional, y declinó la competencia en el Tribunal Superior Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital. Planteado lo anterior, esta Sala observa que en el caso de autos, el Tribunal Cuarto de Primera Instancia, debió plantear el conflicto negativo de competencias ante este Tribunal Supremo de Justicia y no declinar como lo hizo en el tribunal que el consideraba competente. Con fundamento en las situaciones fácticas descritas, esta Sala observa que el objeto de la presente decisión, lo constituye la determinación del Tribunal competente para conocer del recurso interpuesto conjuntamente con medida cautelar de amparo constitucional por el representante judicial de la ciudadana Graciela Manzano de Velásquez, contra el acto administrativo de efectos particulares dictado por el Instituto Postal Telegráfico de Venezuela (IPOSTEL). A tal efecto, se observa que la recurrente fue designada para ejercer el cargo de Contralor Interno en el Instituto antes identificado, mediante aprobación del ciudadano Contralor General de la República, de conformidad con la norma prevista en el artículo 71 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República. Asimismo, se observa que en fecha 15 de marzo de 2000, el Presidente del Instituto antes identificado, había hecho el llamado a concurso, para el cargo que ejercía la recurrente, en virtud de la fusión ocurrida entre el Ministerio de Desarrollo Urbano y del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, resultando ganador el ciudadano Jesús Tábata Raschiery como titular del cargo, con el consecuente cese en el ejercicio de la recurrente. De los hechos antes señalados, se observa que la hoy recurrente, ejercía el cargo de Contralor Interno en el Instituto Postal Telegráfico de Venezuela (IPOSTEL), razón por la cual, al ser desincorporada de su cargo por un acto administrativo dictado por el Presidente del prenombrado Instituto Autónomo, resulta forzoso para esta Sala declarar su incompetencia para conocer de la presente acción en virtud de que el conocimiento de la misma se encuentra atribuido a la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, de conformidad con lo establecido en el artículo 185, numeral 3 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, atendiendo al carácter residual de la precitada norma. Así se decide. Con fundamento en lo anteriormente expuesto, considera la Sala procedente ordenar a la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo que pase a decidir la presente solicitud cautelar de amparo constitucional. Así se declara.

Por las consideraciones de hecho y de derecho precedentemente expuestas, esta Sala Político-Administrativa en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara que el tribunal competente para conocer del recurso de nulidad intentado conjuntamente con medida cautelar de amparo constitucional, por el abogado ARQUÍMEDES ENRIQUE GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, actuando en su carácter de apoderado judicial de la ciudadana GRACIELA MANZANO DE VELÁSQUEZ, contra el acto administrativo de efectos particulares contenido en el oficio Nº 206 de fecha 15 de junio de 2000, dictado por el Presidente del prenombrado Instituto, es la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo. En consecuencia, se ordena remitir el expediente al órgano jurisdiccional antes indicado, a los fines de que decida la solicitud cautelar de amparo constitucional.