Sentencia N° 2177 Político-Administrativa TSJ 2000: Alfonso Núñez, Arsenio Sivane Ferreiro… — Declinación de competencia en…

La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre la apelación de una acción de amparo autónomo interpuesta por varios ciudadanos a través de sus abogados. La acción fue declarada inadmisible por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, lo que motivó la apelación. La Sala, al examinar el caso, determinó que la acción de amparo era inadmisible debido a que había transcurrido más de seis meses desde la violación alegada, lo que implicaba un consentimiento expreso de la situación jurídica pretendidamente infringida.

Para que un tribunal pueda dictar decisión de mérito o de fondo debe contar con los antecedentes o requisitos necesarios para la existencia de un proceso válido. La competencia es uno de esos requisitos o condiciones de orden público, esto es necesario para que cualquier proceso sea considerado válido. Ahora bien, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, aprobada mediante referendo el 15 de diciembre de 1999, prevé en su artículo 262 la creación del Tribunal Supremo de Justicia y de las Salas que lo integran. Dicho texto fundamental consagra en sus disposiciones el otorgamiento de ciertas competencias a sus distintas Salas, y deja a cargo de la respectiva ley orgánica, la cual deberá ser aprobada por la Asamblea Nacional dentro del primer año contado a partir de su instalación, la distribución de otras no atribuidas expresamente. A los fines de mantener el funcionamiento integral del Estado, debe este Supremo Tribunal continuar con su labor de máximo administrador de justicia. Por tanto, aún cuando no haya sido dictada hasta el presente la aludida ley orgánica, reguladora de las funciones de este Alto Tribunal, sus Salas están obligadas a conocer y decidir todos aquellos casos que cursaban por ante la extinta Corte Suprema de Justicia, así como aquellos que ingresen, atendiendo a la afinidad existente entre la materia debatida en cada caso concreto y la especialidad de cada una de las Salas (véase decisión de la S.P.A. del 17 de enero del presente año, caso: José Ramírez Córdoba vs. Consejo Nacional Electoral). En este sentido, la vigente Constitución establece en su artículo 266 que la jurisdicción constitucional será ejercida por la Sala Constitucional, y por tanto, a ella corresponde no solamente la interpretación del Texto Fundamental, sino la fijación de criterios uniformes que permitan la orientación de las instituciones y procedimientos afines con la materia cuyo conocimiento le ha sido atribuido.

Atendiendo a los razonamientos expresados y visto que el presente expediente versa sobre la apelación de una acción autónoma de amparo constitucional, interpuesta por los abogados Lilia Josefina Petit y Douglas Felipe Olivares, antes identificados, actuando en su carácter de apoderados judiciales de los ciudadanos Alfonso Núñez, Arsenio Sivane Ferreiro, Dolores Linares De Fermoso, José Herrera, Purificación Rodríguez, Agustín Goncalves, Amparo Jarque Dávila, Daniel Figueira Goncalves, Teresa López, Elena González Burgos, Asunción Obenza Otero, María Dolores García de Briceño, José Ortíz Guerra Ana María Urrutegui Arranz, Oscar Sánchez Azorín, Orquídea Azorín de Sánchez, Jorge Joaquín Vásquez Santiago y Rosa María Botella de Pérez, todos identificados en autos, en contra de la sentencia dictada por el Juzgado Superior Cuarto en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, en fecha 18 de diciembre de 1996, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley DECLINA LA COMPETENCIA para conocer y decidir la presente apelación en la Sala Constitucional de este Tribunal Supremo de Justicia.