Sentencia N° 2163 Político-Administrativa TSJ 2000: María Arcila Barradas Amaro, María… vs Concejo Municipal DEL Municipio…

La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre la competencia para conocer del recurso de nulidad interpuesto por varios ciudadanos contra acuerdos del Concejo Municipal del Municipio Iribarren. Se determinó que la Sala tiene competencia para conocer de la nulidad de actos administrativos que afectan contratos administrativos, en este caso, un contrato de arrendamiento simple. La Sala aceptó la competencia que le fue declinada y negó la medida cautelar solicitada por los recurrentes.

A los fines de determinar la competencia para conocer del presente recurso, este Máximo Tribunal observa: 1.- Ha sido jurisprudencia reiterada de este Supremo Tribunal, el considerar que cuando se está en presencia de un recurso de nulidad, en contra de un acto administrativo dictado por un Municipio, que afecte la validez o cumplimiento de un contrato suscrito en materia ejidal, la competencia para conocer del mismo corresponde a esta Sala, en virtud de lo establecido en el ordinal 14 del artículo 42 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, el cual señala: 'Artículo 42: Es de la competencia de la Corte como más Alto Tribunal de la República: 14.- Conocer de las cuestiones de cualquier naturaleza que se susciten con motivo de la interpretación, cumplimiento, caducidad, nulidad, validez o resolución de los contratos administrativos en los cuales sea parte la República, los Estados o las Municipalidades'. En este sentido, ha establecido esta Sala, que los contratos celebrados por las Municipalidades, mediante los cuales se otorgan a particulares terrenos ejidos, sin importar bajo que figura jurídica son otorgados, son verdaderos contratos administrativos, toda vez que dichos Acuerdos tienen las características esenciales de todo contrato administrativo, a saber: una de las partes es un ente público (en este caso un Municipio), el contrato se realiza con la finalidad de que se construya en dicho terreno determinadas edificaciones que en principio deberán cumplir una función o servicio público, y como consecuencia de lo anterior, se entiende la presencia de ciertas prerrogativas exorbitantes de la Administración en dichos contratos, aun cuando no se encuentren expresamente plasmadas tales características en el texto de los mismos.

En virtud de los razonamientos precedentemente expuestos, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley: 1.- ACEPTA LA COMPETENCIA que le fuera declinada por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro-Occidental, de conformidad con lo establecido en el artículo 42, numeral 14 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, en concordancia con el artículo 43 eiusdem. 2.- NIEGA la medida cautelar solicitada. Se ordena remitir la presente causa al Juzgado de Sustanciación a los fines de la continuación del procedimiento, previa notificación de las partes. Remítase, con oficio, copia certificada de la presente decisión al Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro-Occidental. Cúmplase lo ordenado. Publíquese, regístrese y comuníquese.