Sentencia N° 2157 Político-Administrativa TSJ 2001: Industrias Zymalact de Venezuela, C.A. vs Contraloría General de la República

La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre la apelación interpuesta por la sociedad mercantil Industrias Zymalact de Venezuela, C.A. contra una sentencia interlocutoria que declaró inadmisible la prueba de informes promovida por la recurrente. La Sala consideró que la prueba era impertinente, ya que no se justificaba su pertinencia en el contexto del caso. Además, se ratificó que no se vulneró el derecho a la defensa de la contribuyente, ya que tuvo la oportunidad de presentar sus alegatos y pruebas.

La presente controversia se circunscribe a decidir sobre la impertinencia o no de la prueba de informes promovida por la contribuyente en instancia, la cual fue declarada inadmisible por la sentencia recurrida. El único fundamento que alega la contribuyente para justificar la pertinencia de la prueba de informes que promueve, a fin de que la Contraloría General de la República exhiba las capacidades técnicas de su Directora Sectorial de Control Económico y Financiero, son dos disposiciones legales; una de la Ley Orgánica de Aduanas (artículo 149), donde se exige que los Gerentes, los Jefes de División, los Jefes de Areas y los Jefes de Resguardo aduanero, sean profesionales, graduados universitarios y con estudios directamente relacionados con la materia aduanera, es decir, quienes trabajen en la administración activa aduanera; y la otra, en el Reglamento de dicha Ley (artículo 518), el cual establece, para quienes desempeñen cargos técnicos en el servicio aduanero nacional, que deben poseer suficientes conocimientos sobre esa materia, como es el caso de los reconocedores de mercancías de importación y exportación. Del examen de las actas procesales la Sala observa que la Contraloría General de la República reparó a la importadora contribuyente, la cantidad de Bs. 2.111.957,91 por concepto de impuestos arancelarios dejados de pagar por ella, a su juicio, en la importación de 50.800 toneladas métricas de leche entera en polvo, la cual arribó en el Barco Ned-Neerlandia a Puerto Cabello en fecha 01 de noviembre de 1996. La autoliquidación que hizo la importadora y que aceptó la autoridad aduanera era de Bs. 6.156.879,38, porque se calculó al valor C.I.F. de $ 2,343,oo la tonelada métrica, a un aforo del 10% ad valorem y a un tipo de cambio de Bs. 477,75 por dólar; cuando a juicio del órgano contralor ha debido hacerse a $ 2,269.oo la tonelada métrica y con un aforo del 14% y a un tipo de cambio de Bs. 478,25 por dólar, ya que la mercancía entró realmente al país bajo el régimen de depósito IN BOND y la nacionalización se hizo el 16 de enero de 1997, sometida por tanto a lo dispuesto en la circular del Ministerio de Hacienda S.E.N.I.A.T. No. SAT-GGDT-GA-200-96-l-001, de fecha 10 de enero de 1997, de conformidad con los artículos 9 y 22 de la Decisión 371, en concordancia con la Resolución 360, ambas de la Junta del Acuerdo de Cartagena y el artículo 372 del Reglamento de la Ley Orgánica de Aduanas.

Por las razones expresadas, la Sala Político-Administrativa de este Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR la apelación interpuesta por el representante de la sociedad mercantil INDUSTRIAS ZYMALACT DE VENEZUELA C.A, contra la sentencia interlocutoria dictada por el Tribunal Superior Quinto de lo Contencioso Tributario, en fecha 03 de agosto del año 2000, en la cual se declaró inadmisible la prueba de informes promovida por la recurrente en fecha 27 de julio del año 2000. Se confirma dicha sentencia recurrida. Se condena a la promovente Industrias Zymalact de Venezuela C.A. al pago de costas por haber sido vencida en las dos instancias, de conformidad con el artículo 218 de Código Orgánico Tributario, en concordancia con el artículo 274 del Código de Procedimiento Civil. Publíquese, regístrese y comuníquese. Devuélvase el expediente al Tribunal de origen.