Sentencia N° 2155 Político-Administrativa TSJ 2001: Humberto Angrisano Silva vs Consejo de la Judicatura

El recurso contencioso-administrativo de nulidad interpuesto por Humberto Angrisano Silva fue declarado sin lugar por la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia. El recurrente alegó la nulidad del acto administrativo que suprimió su cargo como Funcionario Séptimo Ejecutor de Medidas, argumentando violaciones a sus derechos de estabilidad y a la igualdad. La Sala, tras analizar los alegatos, concluyó que el Consejo de la Judicatura actuó conforme a la ley al suprimir los cargos de ejecutores de medidas, dado que sus funciones fueron asumidas por los Juzgados de Municipio.

Hechas las anteriores consideraciones, pasa esta Sala a decidir el recurso contencioso-administrativo de nulidad ejercido contra el acto administrativo de efectos particulares dictado por el extinto Consejo de la Judicatura, en virtud del cual se le notificó al accionante, la supresión del cargo que venía desempeñando como Funcionario Séptimo Ejecutor de Medidas de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. Efectuada la lectura del expediente y examinados los alegatos formulados por la parte recurrente así como por el órgano emisor del acto, se observa: 1.- El recurrente plantea como primer vicio, la prescindencia total y absoluta del procedimiento legalmente establecido, sin hacer explicación alguna de los motivos por los cuales consideró exenta de procedimiento la decisión que hoy se recurre. En ese sentido, no puede esta Sala suplir la obligación que tiene la parte afectada con el acto administrativo emanado del extinto Consejo de la Judicatura, de fundamentar los hechos narrados y adaptarlos al derecho a ser aplicado, razón ésta que da lugar a desestimar el argumento así sostenido. Así se decide. 2.- El recurrente formuló un segundo alegato, por el cual afirma que su derecho a la estabilidad se vio vulnerado por parte del órgano sancionador, dada su condición de funcionario público, lo cual lo hace merecedor de una estabilidad que sólo puede verse afectada en los casos previstos en la ley, respaldada ésta, además, en la idea de que la figura del funcionario ejecutor debe ser observado de forma conjuntiva Juez-funcionario en tanto es unidad, y en ningún caso, bajo un esquema disyuntivo entre uno u otro, de tal manera que, en su opinión, el funcionario ejecutor de medidas resulta claramente asimilable a la figura del juez. En cuanto al primero de los supuestos acotados, es necesario aclarar que el carácter de funcionario público que ostente una persona, no implica per se un derecho a la estabilidad, pues como es bien sabido, se establecen dos modalidades en ese sentido, configuradas por los funcionarios de carrera, y los de libre nombramiento y remoción. Cabe así señalar que los primeros, dado su desempeño con carácter permanente, encuentran un alto grado de estabilidad, sin que ello implique necesariamente una condición irrestricta dentro del Poder Judicial, pues así lo ha advertido el artículo 2 de la Ley de Carrera Judicial, en lo relativo a los jueces y también el Estatuto del Personal Judicial, como instrumento normativo que rige al personal que labora dentro del Poder Judicial, cuando afirman que la estabilidad nunca podrá privar sobre el interés general en la recta administración de justicia.

En virtud de los razonamientos precedentemente expuestos, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley DECLARA: SIN LUGAR el recurso contencioso-administrativo de nulidad ejercido por el ciudadano HUMBERTO ANGRISANO SILVA, contra el acto administrativo de fecha 31 de agosto de 1999, dictado por el extinto CONSEJO de la JUDICATURA. Publíquese, regístrese y comuníquese. Archívese el expediente judicial.