Sentencia N° 2126 — Sala Político Administrativa del TSJ, 26 de septiembre de 2006

La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia decidió sobre el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto por la abogada Mildred Margarita Ansart, en representación de Ángel Leonardo Ansart, contra la decisión de la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial que sancionó a su representado con suspensión por tres meses sin goce de sueldo. La Sala determinó que el acto administrativo impugnado fue dictado conforme a derecho y que no se verificaron las violaciones alegadas por el recurrente, desestimando así las razones de ilegalidad y de inconstitucionalidad presentadas.

Corresponde a esta Sala decidir el recurso contencioso administrativo de nulidad ejercido, con base en los elementos sostenidos por la recurrente, la recurrida, el Ministerio Público, así como lo que exhibe el expediente administrativo y el judicial del caso. En tal sentido, se observa: En primer lugar denunció la apoderada judicial del recurrente que el acto administrativo impugnado debe ser declarado nulo de conformidad con el ordinal 4° del artículo 19 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, ya que fue dictado con prescindencia total y absoluta del procedimiento legalmente establecido, por haber existido silencio sobre los medios de pruebas que fueran oportunamente promovidos, indicando asimismo, que la conducta asumida por el órgano sancionador violó el derecho a la defensa y al debido proceso de su representado, establecido en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Al respecto, resulta pertinente indicar que el derecho a la defensa, pilar fundamental de nuestro sistema constitucional de derechos y garantías, se manifiesta en el procedimiento administrativo de las siguientes formas: cuando se garantiza el derecho a ser oído, puesto que no podría hablarse de defensa alguna, si el administrado no cuenta con esta posibilidad; el derecho a ser notificado de la decisión administrativa, a los efectos que le sea posible al particular presentar los alegatos que en su defensa pueda aportar al procedimiento; el derecho a tener acceso al expediente, justamente con el propósito que el particular pueda examinar en cualquier estado del procedimiento las actas que lo componen, permitiendo un real seguimiento de lo que acontece en su expediente administrativo; el derecho que tiene el administrado de presentar pruebas que permitan desvirtuar los alegatos ofrecidos en su contra por la Administración; y finalmente, el derecho que tiene toda persona a ser informado de los recursos y medios de defensa, a objeto de ejercer esta última frente a los actos dictados por la Administración. (Ver, entre otras sentencia de esta Sala N° 01486 de fecha 8 de junio de 2006).

Por las consideraciones anteriormente expuestas, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara: 1. SIN LUGAR el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto por la abogada Mildred Margarita Ansart, actuando con el carácter de apoderada judicial del ciudadano ÁNGEL LEONARDO ANSART, contra la decisión de fecha 29 de abril de 2004, dictada por la COMISIÓN DE FUNCIONAMIENTO Y REESTRUCTURACIÓN DEL SISTEMA JUDICIAL, a través de la cual se sancionó a su representado con suspensión por un lapso de tres (3) meses sin goce de sueldo, del cargo de Juez Provisorio del Juzgado Primero de los Municipios Girardot y Mario Briceño Iragorry de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, por encontrarlo incurso en la falta disciplinaria prevista en el ordinal 5° del artículo 38 de la Ley Orgánica del Consejo de la Judicatura. 2. FIRME el acto administrativo dictado por la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial.