La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en su sentencia, declara sin lugar el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto por el abogado Publio David Rojas Valderrama, en representación de HÉCTOR JERÓNIMO VALECILLOS TORO, contra la Resolución del Contralor General de la República. La decisión se basa en la confirmación de la responsabilidad administrativa del recurrente por el otorgamiento de recursos al Banco Latino, S.A.C.A., destinados al pago de la garantía de los depósitos del público, sin que el banco estuviera en proceso de liquidación, lo que contraviene la normativa aplicable.
Extracto de la motiva
La Sala observa que el acto impugnado incurrió en el vicio de falso supuesto, al establecer que el otorgamiento de recursos al Banco Latino S.A.C.A., destinados al pago de la garantía de los depósitos al público, fue ilegal, señalando como norma infringida el Artículo 38 de la Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público. Se argumenta que el recurrente actuó ajustado a derecho, pues los auxilios financieros otorgados estaban destinados al pago de los depósitos del público y fundamentados en la Ley General de Bancos. Sin embargo, se concluye que el ciudadano HÉCTOR JERÓNIMO VALLECILLOS TORO, como miembro de la Junta Directiva de FOGADE, infringió la Ley General de Bancos al aprobar recursos bajo la figura de Auxilio Financiero, erradamente utilizados para hacer efectiva la garantía de depósitos.
Dispositiva
Por las razones antes expuestas, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto por el abogado Publio David Rojas Valderrama, actuando con el carácter de apoderado judicial del ciudadano HÉCTOR JERÓNIMO VALECILLOS TORO, antes identificados, contra la Resolución s/n° del 12 de agosto de 1996, dictada por el CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA, mediante la cual confirmó el acto de fecha 15 de noviembre de 1995, emanado por la Dirección de Averiguaciones Administrativas de la extinta Dirección General de Control de la Administración Descentralizada, que declaró la responsabilidad administrativa del recurrente y le impuso multa por la cantidad de cincuenta mil bolívares (Bs. 50.000,oo). En consecuencia, queda firme el acto recurrido.
Palabras clave
recurso contencioso administrativonulidadresponsabilidad administrativaFOGADEBanco Latinogarantía de depósitosLey General de Bancos
Normas citadas
Ley General de Bancos art. 227
Ley General de Bancos art. 228
Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público art. 38
¿Necesitas analizar esta sentencia o encontrar otras parecidas?
El asistente de IA de IAJURISS responde citando la ley y la sentencia exacta, con enlace al documento original.