Sentencia N° 2108 Político-Administrativa TSJ 2000: José Manuel Arraiz Cabrices — Recurso contencioso-administrativo de nulidad y…

La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre la competencia para conocer de un recurso contencioso-administrativo de nulidad y una solicitud de amparo cautelar interpuesta por JOSÉ MANUEL ARRAIZ CABRICES. La Sala declaró inadmisible la acción principal de nulidad, argumentando que el acto administrativo impugnado no era definitivo y no causaba indefensión. En consecuencia, la solicitud de amparo cautelar también decae al seguir la suerte de la acción principal.

Corresponde en primer término a esta Sala pronunciarse sobre su competencia para conocer de la acción de amparo que, dada su naturaleza accesoria del recurso de nulidad, dependerá de la que corresponda para conocer de este último, pasando, una vez decidida positivamente la competencia, a pronunciarse sobre la admisibilidad de la solicitud cautelar de amparo. Por lo que atañe a la competencia, observa la Sala que el recurso contencioso administrativo de nulidad ha sido ejercido en forma conjunta, en la forma prevista en el artículo 5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, con solicitud de amparo cautelar, por lo que esta última se trata de una acción accesoria de una acción principal que, en consecuencia, fija el destino de aquélla (Vgr. Sentencia Tarjetas Banvenez de fecha 10 de julio de 1991). La competencia de esta Sala para conocer de estas acciones conjuntas, ha sido ratificada mediante sentencia dictada en fecha 20 de enero del año 2000 por este Máximo Tribunal en Sala Constitucional, mediante la cual se expresó lo siguiente: “...Al estar vigente el citado artículo 5°, surge una excepción a la doctrina sobre la competencia en materia de amparo, contenida en este fallo, y es que los tribunales, incluyendo las Salas de este Supremo Tribunal, que conozcan de procesos de nulidad de actos administrativos de efectos particulares, o contra negativas o abstenciones de la Administración, mediante recursos contenciosos administrativos, podrán a su vez conocer de los amparos previstos en el artículo 5° de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales, siempre que el recurso de nulidad o por abstención de la Administración, no se funde en una infracción directa e inmediata de la Constitución, y siempre que la acción de amparo no se encuentre caduca. Resultado de la doctrina que se expone, es que las Salas de este Tribunal Supremo de Justicia que conocen amparos que no se han ejercido conjuntamente con recursos contenciosos administrativos, remitirán a esta Sala las acciones de amparo que venían tramitando, mientras que la Sala Político-Administrativa y la Sala Electoral seguirán conociendo los amparos que se ejercieron o se ejerzan conjuntamente con el recurso contencioso administrativo o electoral de anulación de actos o contra las conductas omisivas.” (Resaltado de la Sala). Aunado a lo anterior, resulta necesario destacar que el texto de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, dispone en su artículo 259, que la jurisdicción contencioso administrativa corresponde al Máximo Tribunal y a los demás tribunales que determine la ley, los cuales son competentes para anular los actos administrativos generales o individuales, contrarios a derecho, incluso por desviación de poder.

PRIMERO: Que es COMPETENTE para conocer del presente recurso de nulidad, interpuesto conjuntamente con solicitud de amparo cautelar, por el ciudadano JOSÉ MANUEL ARRAIZ CABRICES, actuando en su propio nombre, asistido por el abogado RAMÓN ANDRÉS SALAS FLORES, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nro.43.569, contra los actos administrativos de efectos particulares emanados de la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial, contenidos en la Resolución Nº 43 de fecha 24 de febrero del 2000, por la cual se le sustituyó del cargo que venía desempeñando como Juez Segundo de Primera Instancia del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, con sede en Guarenas y en Resolución de fecha 9 de diciembre de 1999 por la cual se le suspendió del cargo antes referido. SEGUNDO: INADMISIBLE la acción principal de nulidad, y en consecuencia el decaimiento de la solicitud cautelar de amparo. Publíquese, regístrese y comuníquese. Cúmplase lo ordenado.