Sentencia N° 2069 Político-Administrativa TSJ 2000: Diancap C.A. vs Ministerio de Hacienda — Revocatoria de medida cautelar de…

La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre la solicitud de suspensión de efectos de un acto administrativo impugnado por DIANCAP C.A. Mediante decisión del 04 de noviembre de 1999, se acordó suspender los efectos del acto, exigiendo caución. Sin embargo, la parte recurrente no cumplió con la presentación de la fianza en el plazo establecido, lo que llevó a la solicitud de revocatoria de la medida cautelar. La Sala determinó que la falta de impulso procesal por parte de la demandante evidenció un desinterés en el cumplimiento de la condición impuesta para la suspensión.

El artículo 136 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia dispone que este Supremo Tribunal podrá suspender los efectos de un acto administrativo de efectos particulares, cuya nulidad haya sido solicitada, cuando se verifique el cumplimiento de los extremos allí mencionados; pudiendo exigir al peticionario que preste caución suficiente para garantizar las resultas del juicio. Asimismo, se establece que la falta de impulso procesal por el solicitante de la suspensión, podrá dar lugar a la revocatoria de ésta por contrario imperio. En el presente asunto, como se señalara al inicio de este fallo, se declaró procedente la medida cautelar de suspensión de efectos solicitada por el abogado Orlando Alberto Roa Ferreira, apoderado judicial de la sociedad mercantil DIANCAP, C.A., debiendo esta última consignar, dentro de los quince (15) días siguientes a su notificación, fianza pura y simple, incondicional y de vigencia indeterminada. En este sentido, se observa que el contenido de la diligencia consignada por el Alguacil de esta Sala el 29 de febrero del año en curso revela que la demandante jamás fue notificada de la decisión antes referida, por lo que el lapso de quince días para la consignación de la fianza no habría empezado a correr, pues de acuerdo a lo establecido por este Alto Tribunal, ello solo sucedería a partir del momento en que la recurrente tuviera conocimiento del fallo en cuestión. No obstante lo anterior, la inactividad de la parte solicitante desde la introducción de la demanda de nulidad, así como el tiempo trascurrido desde la fecha en que fue emitido el pronunciamiento relativo a la suspensión de efectos sin que aquélla se hiciese presente en este proceso, denotan un manifiesto desinterés, contrario a la naturaleza misma de la solicitud a que hace referencia el artículo 136 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, cuyo objeto es impedir que se verifique un daño derivado del retardo de la providencia jurisdiccional definitiva. En virtud de la falta de impulso procesal observada resulta procedente revocar, por contrario imperio, la suspensión de efectos acordada, todo de conformidad con el único aparte del artículo 136 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia.

REVOCA la medida de suspensión de efectos acordada mediante decisión del 04 de noviembre de 1999, en el juicio de nulidad intentado por el abogado Orlando Alberto Roa Ferreira, apoderado judicial de la sociedad mercantil DIANCAP C.A., contra la Resolución Nº HGIF-38-08-96 del 15 de julio de 1997, emanada de la Dirección General Sectorial de Inspección y Fiscalización del Ministerio de Hacienda, ahora Ministerio de Finanzas. Publíquese, regístrese y comuníquese. Remítase el expediente al Juzgado de Sustanciación a fin de que continúe su curso de ley. Cúmplase lo ordenado.